En medio de la campaña electoral de cara a las PASO, las causas de Comodoro Py 2002 se mueven a paso lento. Pero hay una investigación, en especial, que concita la atención dentro de los propios tribunales: la investigación por el espionaje a jueces, que involucra hackeos a magistrados de causas clave y la creación de líneas de teléfonos truchas a nombre, nada más y nada menos, que de ministros de la Corte Suprema de Justicia. El epicentro de las maniobras se focaliza en Misiones pero los investigadores sospechan que hubo una serie de maniobras direccionadas para complicar llegar al autor intelectual. Es como si se hubiera activado a distintas células que a primera vista no parecen entrelazadas para un mismo objetivo: apropiarse del control de comunicaciones de las víctimas.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó el viernes pasado a Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker misionero que se convirtió en la cara visible de las maniobras de cambio de chips en los celulares de al menos cuatro jueces afectados: los integrantes de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; y los jueces Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del tribunal oral que juzgó a Cristina Kirchner.
El joven aseguró que él hacía estas diligencias a cambio de unos 10 mil o 15 mil pesos, y que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” que, sin foto ni perfil, le preguntó si hacía recuperos de teléfonos de línea. Le empezó a pasar teléfonos, nombres, apellidos, nosis, números de trámites. Otras veces solo era el nombre y apellido y el número de teléfono. A él le tocaba entrar a NOSIS y al RENAPER. Los datos eran necesarios para contestar la trivia de Movistar. Cuando le preguntó por qué necesitaba esos datos, el misterioso “Eljuanxd” le respondió que para averiguar “infidelidades”.
Ya detenido en esta investigación, pero en sintonía con su versión en otras causas por maniobras similares, Nuñes Pinheiro aseguró en su indagatoria que él no fue el que entró a los teléfonos y que solo le pasó los datos a este misterioso usuario que después desapareció. Hubo dos datos que, en el fallo al que accedió Infobae, al juez le llamaron la atención y que dejaron a Nuñes Piñheiro procesado con prisión preventiva, a la espera de profundizar más medidas de prueba.
Es que el joven aseguró que cuando lo llamaron a declarar desde Comodoro Py como testigo “desinstaló todo y no tuvo más contacto con ‘ellos’”. ¿Quiénes eran ellos?. Misterio. El otro indicio significativo para el juez fue cuando Núñes Piñeiro alegó en su descargo no conocer quiénes serán las personas sobre las cuáles les pedían datos. “Sin embargo, al responder la trivia de Movistar, asignó como empresa o sitio de trabajo: Poder Judicial de la Nación, lo que contradice su alegada ignorancia acerca de la condición de sus víctimas”.
El procesamiento con preventiva también alcanzó al otro de los detenidos en este expediente: Ariel Zanchetta, el ex sargento de la Policía Federal que consultó en la página SudaméricaData los datos del juez Borinsky justo el mismo día en que lo hackearon. El ex policía buscó a otras dos mil personas en ese año, entre ellas los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda; los de Casación Hornos y Borinsky; los de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; el juez de La Plata Ernesto Kreplak y el ex juez de Córdoba Ricardo Bustos Fierro; y el director de la vocalía de Rosatti Silvio Robles.
En la indagatoria, Zanchetta dijo que no era hacker ni sabía nada de informática, y que sus consultas estaban justificadas en su labor como periodista. Pero “no fue posible encontrar ningún artículo o noticia periodística publicada en portales de información digital (con su firma) sino únicamente una carta de lectores en un diario local de Junín”, dijo el juez. “El destino de su actividad se presenta propicio para la acumulación de la información utilizada para la validación de identidad que requieren las compañías telefónicas”, añadió.
Pero por ahora no hay nada que ligue de manera directa a Zanchetta con Nuñes Pinheiro. Tampoco con Santiago Machado, el tercer detenido de la causa que también está procesado por estafa por haber creado líneas telefónicas en Misiones a nombre de Rosatti.
Aunque el convencimiento de los investigadores es que hubo “una organización criminal” que tuvo como víctimas a los jueces, el juez Martínez De Giorgi no impuso la figura de asociación ilícita, como se perfilaba en la imputación de las indagatorias. Los procesamientos fueron dictados por violar sistemas de confidencialidad (art. 153 y 157 bis del CP) en concurso ideal con interrupción de comunicaciones (art. 197). A esas figuras se agrega defraudación, con penas de hasta seis años de prisión.
Te puede interesar La Cámara Federal advirtió la gravedad institucional del espionaje a jueces y pidió determinar los motivos
Con esa carta bajo la manga, las defensas apelarán ahora los procesamientos en búsqueda de sus libertades e insistir en los argumentos planteados en las indagatorias. Pero habrá que ver qué criterio toman los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico cuando estos cuestionamientos lleguen a sus manos. La semana pasada, advirtieron de la “gravedad institucional” que se esconde detrás de este caso, instaron a profundizar la investigación y reclamaron analizar la responsabilidad penal que podrían tener las telefónicas por la facilidad con la que los delincuentes pudieron actuar.
La pista Dark PFA y el pedido de indagatoria
Según el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó en los últimos días la indagatoria de Tomás Patricio Hvalica como parte de las maniobras del espionaje a jueces. ¿Quién es Hvalica? Es el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. El juez Sebastián Ramos y el fiscal Franco Picardi investigaron a esa dark web durante todo el año pasado.
Todo empezó cuando las bases de datos del RENAPER o Migraciones ya habían sido atacadas por hackers. Un grupo en Telegram, agrupado como “DPFA - announcements”, ofrecía acceso a una web denominada “Dark PFA”, en donde, una vez logueado, se tendría acceso a la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Al entrar, el interesado se podía encontrar con frases como “canal donde publicaremos los avances del proyecto”, y “anunciamos que ya está disponible la Beta Oficial de Dark PFA por el valor de 15K ($15.000)”. Lo cierto es que la investigación de Ramos y Picardi logró seguir, localizar, identificar y allanar al responsable de esa base de datos. Hasta a un cajero lo persiguieron para saber de quién se trataba. Era Hvalica, más conocido por su nombre en las redes: @pr1sox, que hablaba de ciberseguridad, hacking, hackers, tecnología o intrusión a sistemas informáticos.
Te puede interesar Dark PFA bajo la lupa: el sitio web que robaba bases de datos oficiales y de los que se sirvió el hacker para entrar a teléfonos de jueces y funcionarios
Ahora Hvalica se convirtió formalmente en sospechoso de la investigación del espionaje a jueces. Fue a través de las explicaciones dadas por Nuñes Pinheiro, el joven misionero que fue procesado el viernes pasado y eje de las maniobras de sim swapping que hicieron perder el control de sus celulares no solo a jueces sino también a los entonces funcionarios del gobierno porteño Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro.
“Ya existen elementos probatorios suficientes para convocar a Tomás Patricio Hvalica (alias de Telegram @pr1sox) a prestar declaración indagatoria, por haber brindado una colaboración necesaria en los hechos atribuidos a Elías Ezequiel Núñes Pinheiro, en virtud de que su aporte fue necesario y fue ejecutado a sabiendas del uso delictivo que le daría Nuñes Pinheiro”, escribió el fiscal Pollicita en el escrito que le entregó al juez Martínez De Giorgi. El hacker misionero necesitaba para poder llevar adelante la maniobra incluir el nombre completo, número de DNI y número de trámite del DNI de las víctima. Esos datos los buscaba en la página Dark PFA.
Hvalica todavía no había sido llamado a declarar en la causa de Ramos y Picardi porque recién en las últimas semanas se había podido acceder al contenido de sus celulares y computadoras. Es posible que ahora toda esa investigación sea absorbida por la megacausa del espionaje a jueces, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El interés de Cristina Kirchner
La vicepresidenta Cristina Kirchner se interesó por esta causa. No fue en una presentación ante el juez Martínez De Giorgi sino en el marco de la causa que investiga su intento de asesinato. ¿Qué llamó la atención de la ex jefa de Estado? La revelación que hizo Infobae el 2 de julio pasado: el detalle de las búsquedas que hizo el ex policía Ariel Zanchetta en una base de datos a la que se accede previo pago llamada “Sudamericana Data” en donde buceó, solo en 2022, en información personal de más de dos mil objetivos.
Te puede interesar De CFK a Milei y de Thelma Fardin a Romina Uhrig: a quiénes investigó el ex policía preso por espiar a jueces
Entre esas consultas estaba el nombre de Diego Carbone, jefe de custodia de la vicepresidenta. También rastreó datos de Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte. Según el detalle de las búsquedas al que accedió Infobae, las consultas de la pareja de “copitos” que está presa acusado del intento de homicidio se registró cuando ese ataque ya había sido concretado y el nombre ya estaba circulando en medios periodísticos. Zanchetta también buscó a el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, pero resultó una homónima de la vicepresidenta.
Lo cierto es que ante el pedido de la querella el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación por el intento de asesinato, le solicitó al juez Martínez de Giorgi los datos de esas búsquedas “pudiendo resultar de interés para la pesquisa”.
Seguir leyendo