La ministra de Educación de Honduras, Arely Argueta, anunció recientemente que la Secretaría de Educación se encuentra a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la República antes de definir un posible aumento salarial para los docentes del país, incluyendo a los maestros del programa Proheco.
Según la funcionaria, la asignación presupuestaria condicionará directamente la capacidad del sector para realizar ajustes salariales, implementar proyectos y fortalecer la infraestructura educativa.
Argueta, indicó que la decisión sobre cualquier reajuste se fundamentará en los recursos efectivos que determine el Congreso Nacional, lo que podría impactar no solo la remuneración, sino también la contratación y las inversiones estratégicas en infraestructura y programas educativos.
El presupuesto actual asignado al sector educativo es de 47 mil millones de lempiras, una cifra que, de acuerdo con Argueta, representa una carga significativa para el erario, aunque existen dudas sobre su eficacia para cubrir todas las demandas del sistema.
“El presupuesto quedó en 47 mil millones; estamos a la espera para ver si se nos pudo dar algún porcentaje más o nos quedamos con lo que se había establecido en 2025”, explicó la funcionaria, quien advirtió además que “las arcas del Estado están bien caídas”.
Aproximadamente el 85 % de estos recursos se destinan exclusivamente al pago de salarios, una situación que condiciona las posibilidades de expansión o mejora dentro del sector, como subrayó La funcionaria: “Hay que hacer una reducción del personal que abarca el 85 por ciento del presupuesto en educación, el cual solo se va en el pago de salarios”.
Esto implica que únicamente una pequeña fracción de los fondos queda disponible para otras necesidades, como la capacitación de docentes, la actualización de materiales educativos o la mejora de infraestructura escolar.
La Secretaría de Educación enfrenta, además, la presión de atender tanto el aumento salarial de los educadores en general como el de los maestros del programa Proheco, dirigido a comunidades rurales y de difícil acceso.
El estudio técnico que se realizará para determinar la viabilidad de los incrementos salariales tendrá en cuenta el número total de docentes activos, la existencia de plazas vacantes, la sostenibilidad de los incentivos y la capacidad real del gasto público.
“La Secretaría de Educación busca equilibrar las necesidades de los maestros con las limitaciones financieras del Estado priorizando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos”, manifestó la titular de la cartera educativa.
Para el año 2025, la proyección presupuestaria rondó 42.755 millones de lempiras, equivalentes al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que permitió avanzar en la cobertura de salarios, inversión en infraestructura y ejecución de nuevos programas de apoyo.
Actualmente, el sector también trabaja en la contratación de nuevos docentes y en la reubicación de personal para asegurar la continuidad educativa, en especial en plazas cubiertas por jubilaciones, licencias o escuelas con alta matrícula estudiantil.
Sobre este proceso, Argueta detalló: “Estamos haciendo algunas reubicaciones de docentes, sin embargo, sabemos que siempre va a ser necesaria la contratación de más docentes, trabajando con las plazas que quedan vacantes”.
La ministra reiteró que solo tras la aprobación definitiva del presupuesto 2026 se podrá valorar la posibilidad de efectuar un aumento salarial responsable para los docentes.
Mientras tanto, la Secretaría de Educación seguirá priorizando la optimización de recursos, la gestión estratégica del personal y el bienestar de los trabajadores, alineando sus decisiones a las capacidades financieras del Estado para mantener el funcionamiento del sistema educativo nacional