La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que las violaciones e injerencias detectadas durante el proceso de elecciones de 2025 en Honduras confirman la vulnerabilidad sistémica del país, y urgió al Congreso Nacional a aprobar cinco reformas electorales consideradas “no negociables” para evitar la repetición de una crisis antidemocrática.
Durante la presentación del informe, Castellanos subrayó que el reciente ciclo electoral no fue una anomalía: “El ciclo electoral reciente no fue una anomalía, fue la confirmación de que se sigue operando bajo un esquema de impunidad”, afirmó en el acto presentado por el CNA.
La directora alertó sobre una “peligrosa distorsión del orden constitucional”, atribuyendo la responsabilidad a órganos estatales por incidir en la competencia electoral.
El informe del CNA afirma que en años recientes se han realizado diagnósticos críticos sin que exista voluntad política suficiente para impulsar cambios estructurales. El documento registra que el diseño actual del sistema electoral responde, en parte, a recomendaciones de organismos internacionales como la OEA y la ONU, aunque fue modificado con criterios partidarios.
El analista electoral Rafael Jerez recordó que persistieron prácticas como el control partidario de mesas y obstáculos normativos a la reforma: “Sin memoria no entendemos el futuro”, señaló, sobre las advertencias recurrentes respecto a las mismas disfunciones.
La Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió presiones inusuales durante la campaña, según describió la consejera Ana Paola Hall al CNA: “La contienda dejó de ser entre partidos y se convirtió en una batalla de todo el Estado contra el CNE”. Hall sostuvo que el órgano mantuvo la integridad del proceso pese a intentos de injerencia y hostigamiento.
La consejera Cossette López remarcó, en declaraciones al CNA, la necesidad de sanciones reales en cualquier reforma: “Si usted quiebra la ley y no pasa nada, lo va a volver a hacer”. La funcionaria defendió abrir espacios a ciudadanos independientes y revisar la estructura interna del organismo.
Según el diputado del Partido Nacional Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, el principal obstáculo es la falta de acuerdos entre fuerzas políticas, ya que para aprobar estas reformas se requiere una mayoría de 86 votos. Rivera Callejas indicó que, de las cinco propuestas, cuatro podrían alcanzar consenso, aunque la segunda vuelta encuentra resistencias específicas.
Las reformas tendrán que ser aprobadas en dos legislaturas para entrar en vigencia antes de las próximas elecciones generales de 2029, como precisó el CNA. En su informe final, la organización advirtió: “O se desmontan los vicios del sistema electoral, o el país se encamina a repetir una crisis democrática con consecuencias impredecibles”.
La directora Gabriela Castellanos resumió el posicionamiento institucional con una exhortación: “No más reformas negociadas en la oscuridad… Honduras no necesita aparentar cambios, necesita transformar el sistema”, citó el CNA en la sesión de presentación del documento.
El CNA estableció cinco transformaciones urgentes tras analizar el marco normativo y operativo vigente:
Primero, la adopción de una segunda vuelta electoral para evitar gobiernos con baja legitimidad representativa. Esta iniciativa, según el CNA, exige reformas constitucionales, una reconfiguración del cronograma electoral y nuevas pautas de financiamiento y logística.
En segundo lugar, la ciudadanización de los órganos electorales busca reducir la influencia de los partidos políticos en las juntas receptoras de votos y facilitar la incorporación de ciudadanos independientes.
El tercer punto es el fortalecimiento institucional del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mediante modificaciones del quórum, profesionalización del personal y renovación en los mecanismos de selección de titulares.
El cuarto aspecto propone la transparencia total del financiamiento político, eliminando la reserva de la identidad de los donantes de campañas. El informe advierte: “Se desconoce exactamente quiénes ponen diputados, alcaldes y presidentes”.
La quinta reforma está dirigida a una justicia electoral oportuna y eficaz para que los conflictos no se resuelvan “cuando el daño ya es irreversible”, fortaleciendo la actuación jurisdiccional del TJE