El colapso del entarimado en una obra de San Ángel 4, en la zona 2 ciudad de Guatemala, dejó este sábado 22 de agosto a dos trabajadores heridos, uno de ellos de gravedad, en un nuevo accidente que vuelve a poner bajo examen la seguridad en la construcción en la capital y en un departamento que concentra el 73,5% de los siniestros laborales reportados en el país.
El Cuerpo Voluntario de Bomberos movilizó unidades de la 4.ª compañía y de la Estación Central después de recibir la alerta. Al llegar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los dos hombres afectados, cuya identidad no fue establecida.
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Uno de ellos presentaba traumas en distintas partes del cuerpo y fue trasladado a un centro asistencial. El otro se encontraba estable. Las causas del colapso siguen bajo investigación.
El dato central del incidente es ese: dos obreros resultaron heridos por la caída de la estructura provisional en una construcción de la colonia San Ángel 4, y uno sufrió lesiones graves mientras las autoridades aún no determinan qué provocó la falla.
Guatemala registra más de 135.000 accidentes laborales al año
El accidente ocurre en un contexto de alta siniestralidad. De acuerdo con cifras del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral y el Ministerio de Trabajo, el departamento de Guatemala reúne el 73,5% de los accidentes laborales reportados a nivel nacional, compartidos por medios de comunicación guatemaltecos.
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A escala nacional, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registra más de 135.000 accidentes laborales por año. Especialistas advierten que el número real sería mayor porque muchos casos no se notifican.
Maricarmen Rosal, presidenta de la Gremial de Seguridad y Salud Ocupacional, atribuye el problema a la falta de cultura de prevención. “Un segundo de descuido puede costar una vida o dejar a alguien sin un miembro”, advirtió.
Rosal citada por República, señaló que la prisa en las tareas, el exceso de confianza entre trabajadores con experiencia y el incumplimiento de normas básicas multiplican los riesgos. El ingeniero Saúl de León, integrante de la misma gremial, agregó que también pesan los riesgos psicosociales, como el estrés laboral, el acoso y la falta de descanso.
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“Un trabajador preocupado o agotado no está al 100% concentrado en su tarea”, dijo De León. En su boletín más reciente, el Observatorio puntualizó: “Cada accidente mortal es consecuencia de una cadena de omisiones que resulta prevenible”.
Dos antecedentes recientes agravaron la alarma sobre la construcción
El caso de San Ángel 4 se suma a otros episodios recientes en obras de la capital. El 13 de julio, un obrero de unos 25 años murió tras caer desde el quinto nivel de una construcción en el kilómetro 14 de la Carretera a El Salvador.
El CVB informó entonces que la víctima no portaba documentos y que murió por politraumatismos graves. Su cuerpo fue trasladado a la morgue como “XX”, mientras la investigación quedó orientada a establecer si fallaron los protocolos de seguridad o existió negligencia empresarial.
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Antes de ese hecho, el 4 de marzo de 2026, un deslizamiento de tierras en la fosa del proyecto Cilé Urban Village, sobre la Avenida Las Américas en la zona 14, sepultó a cinco obreros. Bomberos Municipales y Voluntarios rescataron con vida a Víctor Hugo Charuk Giatas, de 35 años.
Los otros cuatro trabajadores murieron: Gregorio García, de 62 años; Selvin Cua Chavac, de 27; Miguel Ángel Tovar y Fernando Neftalí Véliz. Sus familiares afirmaron que los obreros habían advertido sobre grietas y filtraciones en el muro antes del colapso, pero recibieron la orden de continuar con las labores.
La obra quedó clausurada y bajo resguardo judicial. Ese antecedente reforzó los cuestionamientos sobre los controles en proyectos de construcción de alto riesgo.
El marco legal guatemalteco establece, mediante el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional contenido en el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, que los patronos deben garantizar ambientes seguros y proporcionar equipo de protección personal. La Inspección General de Trabajo puede imponer multas de entre ocho y 16 salarios mínimos mensuales por cada infracción, según el artículo 272 del Código de Trabajo.
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Pese a ese esquema sancionatorio, persisten limitaciones en el cumplimiento de la norma. La supervisión es irregular y la capacitación sigue siendo escasa, mientras continúa abierta la investigación por el colapso en San Ángel 4.
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