La entrada en vigor del Estado de Prevención a nivel nacional y el lanzamiento operativo del Plan Centinela marcan un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de Guatemala, con énfasis en el control territorial y la coordinación entre el Ejército y la Policía Nacional Civil para enfrentar el crimen organizado y preservar la normalidad en las actividades cotidianas.
El presidente Bernardo Arévalo anunció este conjunto de medidas al dar por finalizado el Estado de Sitio, subrayando que el objetivo central es garantizar la tranquilidad y “librarnos del miedo”, según expresó en cadena nacional, aunque no se habla del tiempo de vigencia, la Ley de Orden Público establece un tiempo máximo de 15 días, prorrogable.
El despliegue de operativos comenzó la madrugada del lunes en áreas consideradas de alta incidencia delictiva del área metropolitana, principalmente en la zona 7, donde numerosos residentes han denunciado asaltos cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas.
El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, detalló que las acciones se extienden a la 34 avenida de la calzada Roosevelt, el perímetro del barrio El Gallito en zona 3 y en zona 18.
Según datos de la PNC, estos operativos de prevención y control buscan responder a las numerosas denuncias ciudadanas sobre hechos ilícitos y reforzar la presencia policial en puntos críticos. Aguilar afirmó que se concentran recursos en los sectores prioritarios para restablecer la seguridad y atender de manera directa las preocupaciones de la población guatemalteca.
Nueva fase de seguridad tras el Estado de Sitio
Con la conclusión del Estado de Sitio, el Ejecutivo puso en marcha una serie de herramientas legales contempladas en la Constitución de la República para declarar Estados de Excepción. El Estado de Prevención, que rige desde el 17 de febrero, permite una intervención más limitada en derechos y libertades, pero faculta al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias cuando la situación lo requiera.
El artículo 8 del Decreto 89-70, que regula el Estado de Prevención, establece que el Ejecutivo puede militarizar servicios públicos, intervenir empresas privadas, regular o impedir huelgas y limitar o prohibir manifestaciones públicas. La duración máxima de este régimen es de quince días y, a diferencia de otros estados de emergencia, no requiere la aprobación previa del Congreso.
Entre las facultades específicas se encuentran la disolución por la fuerza de reuniones sin autorización, la prohibición de circulación vehicular en zonas determinadas y la potestad de intervenir en publicaciones que puedan provocar alteraciones del orden público. Si las disposiciones no se acatan, el Ejecutivo puede proceder judicialmente por desobediencia.
El Plan Centinela y su alcance territorial
Según el presidente Arévalo, el Plan Centinela “Metropolitano” no solo implica la ampliación de operativos ya probados en meses previos, sino que incorpora un enfoque territorial que abarca todo el departamento de Guatemala. Las fuerzas combinadas entre Ejército y Policía desarrollan intervenciones barriales, priorizando resultados medibles en la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario puntualizó que se mantendrá el control de las cárceles y la interrupción de comunicaciones de los grupos delictivos. “Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Mantendremos la estrategia de operativos quirúrgicos, con el fin de no parar el combate contra el crimen organizado, protegiendo las actividades cotidianas y la normalidad que el país requiere”, afirmó Arévalo.
Diferencias entre Estado de Prevención y Estado de Sitio
El abogado y experto constitucional Édgar Ortíz explicó que el Estado de Prevención es el nivel menos restrictivo dentro de los estados de excepción contemplados por la Constitución. “El Estado de Prevención es el más leve de los estados de excepción o de emergencia que prevé nuestra Constitución. Es muy diferente del Estado de Sitio en cuanto a las herramientas que le da al Ejecutivo”, sostuvo Ortíz.
Aclaró que, a diferencia del Estado de Sitio, este nuevo régimen no permite detenciones ni allanamientos de inmuebles sin orden judicial. “El Estado de Prevención le da, yo diría, poco margen al Gobierno. Más allá de limitar reuniones o limitar huelgas, no le da demasiadas facultades al presidente”, enfatizó.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación, , mantienen reuniones para ajustar la implementación del Estado de Prevención y coordinar la información que se divulgará en las próximas horas, dijo el viceministro Williams Cameros, al ser abordado por periodistas locales. Se espera que los operativos alcancen una cobertura sostenida mientras los indicadores de incidencia delictiva justifiquen la continuidad de la medida.