El presidente Bernardo Arevalo anunció la implementación de una nueva medida de seguridad, los líderes de pandillas responsables del motín ocurrido el 18 de enero serán aislados en contenedores especiales, diseñados para cortar la comunicación entre los internos. La decisión se comunicó al filo de cumplirse un mes desde la serie de disturbios que desencadenaron una violenta ola criminal en Guatemala.
La escalada reciente de violencia se vincula directamente a la reacción del Estado guatemalteco frente al control de las cárceles. Según informaron fuentes oficiales, la intervención en tres presidios derivó en un motín coordinado por internos, presuntamente ligados a las maras, tomaron como rehenes a 46 empleados penitenciarios. Este episodio representó una ofensiva inédita que buscó mostrar la capacidad de desafío de las organizaciones criminales frente al gobierno.
Las represalias no se limitaron a los centros de reclusión. Integrantes de bandas delictivas respondieron con ataques en diversas ciudades, provocando un clima de inseguridad que impactó directamente a la Policía Nacional Civil. El saldo de esta violencia incluyó la muerte de once agentes policiales, en atentados calificados oficialmente como una respuesta a las acciones estatales y una exigencia por mejores condiciones carcelarias para los líderes detenidos.
Un informe oficial subrayó que estos motines tuvieron lugar de manera simultánea en tres cárceles, interpretándose como un mensaje de fuerza por parte de las estructuras criminales.
Estado de sitio por un mes
La gravedad de los hechos llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio nacional por treinta días, acompañado del cierre temporal de las escuelas en todo el país. Estas disposiciones, destinadas a restringir la movilidad de las estructuras criminales, se produjeron en medio de un ambiente político marcado por la tensión entre el Ejecutivo y los órganos judiciales guatemaltecos.
Paralelamente, el Ministerio de Gobernación Interior, dirigido por Marco Antonio Villeda, y la dirección general de la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la dirección de David Custodio Boteo, lamentaron públicamente la pérdida de los agentes y aseguraron que la institución no cederá ante la presión de las pandillas. Las autoridades reiteraron que la reincidencia criminal de los líderes de las maras representa un desafío directo al Estado.
El presidente Arévalo detalló la medida en redes sociales, donde escribió: “Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios”.
Los disturbios y la toma de rehenes confirmaron la capacidad operativa de las maras para coordinar acciones violentas simultáneas, exponiendo la fragilidad del sistema penitenciario y la vulnerabilidad de los funcionarios encargados de custodiarlo. La PNC ejecutó operaciones bajo máxima alerta, mientras en su sede central se planificaban los funerales y homenajes para los agentes caídos.
La pérdida de once vidas en las filas policiales fue catalogada por las autoridades como “irreparable”, al tiempo que remarcaron que la intervención en los penales pretendía recuperar el control institucional sobre recintos ocupados en parte por el crimen organizado.