El presidente de Guatemala insta a los notarios a participar en la votación de elección de magistrados de la máxima Corte

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad legal para que ejerza su voto en la elección del nuevo magistrado, subrayando la importancia de que la decisión recaiga en personas comprometidas con el respeto a la ley

El presidente Bernardo Arévalo destacó este miércoles la importancia de la jornada para la recuperación de la democracia e instó a la participación en la elección que realiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en el proceso selección de un magistrado para la Corte de Constitucionalidad, calificando la votación como decisiva para el presente y el futuro del país.

Al referirse a la relevancia del proceso, Arévalo remarcó la necesidad de evitar actos de arbitrariedad y exclusión en los procedimientos, y criticó intentos de manipular e impedir la participación. Expresó que “un voto no ejercido es una concesión de quienes buscan distorsionar el proceso electoral”.

El mandatario animó a los notarios a participar activamente y ejercer su sufragio “con brújula ética clara”, apelando a que la selección de candidatos recaiga sobre los más capaces, honestos y comprometidos con la vigencia del Estado de derecho.

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Según Arévalo, los aspirantes deben responder al “verdadero voto de justicia”, evitando responder a intereses particulares que han persistido durante décadas.

Ciudad de Guatemala, Guatemala . Foto: Wikimedia

En alusión a las generaciones futuras, el presidente recordó el compromiso de su administración y señaló la presencia de un presupuesto destinado a cumplir condichas responsabilidades.

Las declaraciones del gobernante se dan en el marco del entramado que envuelve la elección convocada para este día por el CANG, que por decisión de la de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo de limitar el padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) solo a quienes ostentan el título de abogado, horas antes de la votación para designar a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Lo que también ha causado inquietud en la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La exclusión de miles de profesionales de ciencias afines con colegiación obligatoria ha generado inquietud sobre la seguridad jurídica y la legitimidad futura de la máxima instancia judicial de Guatemala.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el reciente amparo provisional dictado a solo horas de la elección del 4 de febrero de 2026 alimenta la percepción de que las normas son susceptibles de alterarse para favorecer determinados resultados.

La preocupación principal de los afectados radica en el respeto a los derechos adquiridos, cuestionando la transparencia y estabilidad institucional del órgano judicial guatemalteco.

La Misión de la OEA señaló que modificar las reglas electorales en el CANG amenaza la cohesión interna y el Estado de derecho en Guatemala. (Corte de Constitucionalidad)

Ante la situación jurídica, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ha excluido a los integrantes de ciencias afines del proceso para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que restringe el derecho al voto únicamente a abogados colegiados.

La decisión se tomó poco antes de que iniciara la votación, tras una resolución dela Sala Sexta de lo Administrativo Contencioso, que respaldó el amparo presentado por los abogados Ricardo Sagastume y Diego Sagastume. En consecuencia, los participantes de profesiones afines quedaron excluidos de emitir su voto en este proceso.

En este contexto, el presidente Bernardo Arévalo anunció que su gobierno convocará el próximo lunes 9 d febrero a los profesionales para optar a los cargos de magistrados titular y suplente, en el marco de un proceso impulsado por el comité de ética con el objetivo de fortalecer la justicia y el estado de derecho.

El proceso estipula que quien resulte seleccionado no deberá responder a intereses particulares y tendrá el compromiso exclusivo de asegurar la vigencia del estado de derecho.

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