Una mujer cubanoamericana naturalizada en Miami, Tania Rosa Rodríguez, de 57 años, fue declarada culpable por un jurado federal de haber obtenido de manera fraudulenta la ciudadanía estadounidense al ocultar información vinculada a un esquema contra Medicare.
La decisión la expone a perder la nacionalidad, enfrentar una eventual deportación y recibir hasta 10 años de prisión, con una sentencia prevista para finales de octubre, según informó Miami Herald.
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El caso no volvió a juzgar el fraude al sistema de salud por el que Rodríguez ya había enfrentado condena.
El foco del proceso fue la conducta atribuida durante el trámite de naturalización: la fiscalía sostuvo que la ciudadanía se obtuvo mediante ocultación de hechos relevantes y declaraciones falsas en formularios oficiales, de acuerdo con el Departamento de Justicia, en una información recogida por CBS News Miami.
Según Miami Herald, Rodríguez no reveló en su solicitud de naturalización que su farmacia facturó a Medicare medicamentos recetados que muchos pacientes no habían pedido entre 2015 y 2019.
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Los fiscales indicaron que, cuando respondió en el formulario que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestada, ya participaba en una conspiración de fraude al sistema de salud que —según la acusación— había comenzado antes de solicitar la ciudadanía y continuó después de obtenerla.
En el antecedente penal asociado al mismo entramado, Rodríguez se declaró culpable en 2020 de fraude al sistema de salud. Fue condenada a dos años y medio de prisión y se le ordenó devolver USD 1,45 millones a Medicare, de acuerdo con la cobertura del diario de Florida.
Tras el veredicto, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones sostuvo en un comunicado citado por Miami Herald que “la ciudadanía estadounidense no se puede obtener legalmente mediante fraude y ocultación” y que el jurado “la ha declarado responsable”.
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Un patrón que se expande: revocación de ciudadanía y prioridades federales
El expediente de Rodríguez aparece enmarcado en una ofensiva más amplia del gobierno de Estados Unidos para impulsar procesos de revocación de ciudadanía contra personas naturalizadas con antecedentes penales ocultos u omisiones durante el trámite, según Miami Herald.
En ese contexto, el diario citó datos del proyecto TRAC, elaborado por investigadores de la Universidad de Syracuse, que reflejan el carácter históricamente excepcional de este tipo de medidas y, a la vez, el salto de escala en los registros recientes.
De acuerdo con esas cifras citadas por el periódico, entre enero de 2008 y abril de 2026 el gobierno inició 34 procesos de revocación de ciudadanía.
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Sin embargo, solo entre mayo y julio la administración Trump abrió más de 30, en un incremento que, según la misma cobertura, se inscribe en una agenda más amplia de endurecimiento migratorio.
El impacto de esta política se siente con especial intensidad en el sur de Florida por el peso demográfico de las comunidades de origen extranjero.
Miami Herald señaló que la campaña ha generado temor y ansiedad en lugares como el condado de Miami-Dade, donde cerca de la mitad de la población nació fuera de Estados Unidos, aun cuando expertos citados por el diario sostuvieron que el ciudadano promedio sin cargos ni condenas no debería preocuparse por estas acciones.
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Diez casos anunciados y un expediente en Miami por fraude a Medicare
En ese marco, las autoridades federales anunciaron una iniciativa para retirar la ciudadanía a 10 extranjeros naturalizados con antecedentes penales, informó Miami Herald. Entre los casos mencionados figura el de Yosmaikel Rodríguez Pérez, un cubanoamericano de Miami de 45 años investigado por cuatro cargos en un proceso de revocación de ciudadanía.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, citado por el diario, Rodríguez Pérez obtuvo la residencia permanente en 2004 y la ciudadanía estadounidense en 2018, pero ocultó su actividad delictiva como operador de una clínica médica en Miami durante el proceso de naturalización.
La cartera sostuvo que, en 2019, el acusado se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en el sector de la salud por presentar reclamaciones falsas a Medicare por unos USD 900.000 en servicios y medicamentos recetados que los pacientes no necesitaban entre 2014 y 2015.
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Por ese caso, fue condenado a un año y siete meses de prisión y se le ordenó devolver el dinero, según la misma fuente citada por Miami Herald. El comunicado atribuyó la presunta obtención ilegal de la ciudadanía a la falta de “buen carácter moral” y al uso de ocultación de hechos relevantes y falso testimonio bajo juramento.
Un memorando de 2025 y un recuento de casos recientes
La cobertura del diario de Florida ubicó como punto de inflexión un memorando de julio de 2025 del Departamento de Justicia que instruyó a priorizar la revocación de ciudadanía en casos vinculados con crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales, actos terroristas o delitos no declarados durante la naturalización.
Además, de acuerdo con la misma reconstrucción, las autoridades plantearon que pretenden avanzar en un terreno poco explorado: intentar retirar la ciudadanía a personas que hayan cometido delitos después de obtenerla.
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En línea con ese giro, Miami Herald reportó que entre el 1 de mayo y el 12 de junio la administración Trump llevó adelante 28 casos de revocación de nacionalidad.
En ese grupo, el diario enumeró expedientes por fraude de valores, fraude matrimonial, abuso sexual infantil, suplantación de identidad y fraude migratorio, además de distribución de narcóticos.
El 20 de julio, siempre de acuerdo con el diario, el Departamento de Justicia anunció 10 nuevos casos en todo el país, entre ellos el de Rodríguez Pérez, junto con otros expedientes que involucraban a personas condenadas por distintos delitos.
En ese marco, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia, fue citado con una advertencia: “Nos negamos a dar vía libre a los delincuentes que obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante engaños. Apenas hemos arañado la superficie; se esperan muchas más denuncias”.
Con la sentencia prevista para finales de octubre, el caso de Rodríguez entra ahora en la etapa final del proceso penal, mientras el gobierno federal sostiene que estas acciones apuntan a quienes, según su postura, accedieron a la ciudadanía mediante falsedades u omisiones relevantes durante la naturalización.
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