La Oficina del Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) concluyó que más de un centenar de empleados y ex empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) mantuvieron presuntos vínculos con el grupo terrorista Hamas o participaron de alguna forma en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.
A partir de esos hallazgos, el organismo recomendó que sean suspendidos o inhabilitados para trabajar en entidades que reciban financiación del gobierno estadounidense.
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La investigación, que continúa abierta, incorporó recientemente 101 nuevos nombres a la lista de personas remitidas al Departamento de Estado para que evalúe sanciones administrativas. Con estas incorporaciones, ya son 108 los individuos alcanzados por las recomendaciones emitidas por los investigadores federales.
La decisión podría impedirles acceder durante los próximos diez años a recursos procedentes de programas financiados por Estados Unidos, una medida que busca evitar que fondos públicos terminen beneficiando a personas vinculadas con organizaciones consideradas terroristas por Washington.
El informe sostiene que los investigados habrían participado en la ofensiva lanzada por Hamas contra Israel o mantenido relaciones operativas con las Brigadas al-Qassam, el brazo armado del movimiento islamista palestino.
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Entre los señalados figuran responsables de escuelas, maestros, médicos, trabajadores sociales, empleados de mantenimiento, consejeros psicológicos y agentes de seguridad que desempeñaban funciones dentro de la estructura de UNRWA en Gaza.
Los investigadores describen casos en los que empleados de la agencia humanitaria habrían ocupado simultáneamente posiciones dentro de la organización armada.
Uno de los expedientes menciona a un subdirector escolar que, de acuerdo con la investigación, también ejercía funciones de mando en una unidad militar de Hamas. Otro responsable educativo habría liderado un escuadrón perteneciente a una brigada desplegada en Khan Younis.
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La documentación también identifica a varios docentes que, según los hallazgos recopilados, desarrollaban tareas vinculadas a estructuras militares o de inteligencia del grupo palestino.
Entre ellos aparece un profesor señalado como responsable del seguimiento de dispositivos explosivos, otro relacionado con actividades de inteligencia y un tercero que habría actuado como francotirador dentro de la organización.
Uno de los casos más graves incluidos en el informe corresponde a un maestro que, según los investigadores, recibió la orden de transportar dos misiles antitanque durante la jornada de los ataques del 7 de octubre.
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La pesquisa también pone el foco sobre algunos directores escolares. De acuerdo con el documento, ciertos responsables de centros educativos habrían colaborado en tareas de comunicación para Hamas o desarrollado actividades en instalaciones donde existían posiciones militares y accesos a túneles subterráneos.
La Oficina del Inspector General dejó claro que las pesquisas no han concluido. Por el contrario, anticipó que podrían producirse nuevas recomendaciones de suspensión e incluso derivaciones a las autoridades judiciales estadounidenses.
“Continúa siendo una prioridad investigativa garantizar que la asistencia humanitaria financiada por Estados Unidos en Gaza no termine en manos de Hamas u otras organizaciones terroristas extranjeras”, señaló el organismo.
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El informe añade que existen investigaciones adicionales destinadas a impedir que personas vinculadas con grupos armados vuelvan a incorporarse a organizaciones que administran ayuda internacional financiada por Washington.
La investigación ya produjo una primera sanción. Estados Unidos inhabilitó previamente a Hafez Mousa Mohammed Mousa, identificado como integrante de un batallón de Hamas en Jabaliya.
Según los investigadores, mientras se desempeñaba como director de una escuela de UNRWA mantuvo comunicaciones con otros miembros del grupo durante los ataques contra Israel.
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Las autoridades estadounidenses consideran que se trata del primer caso conocido en el que una persona vinculada a una organización terrorista y empleada por una agencia de Naciones Unidas dedicada a tareas humanitarias es excluida formalmente de programas financiados por el gobierno de Estados Unidos.
Aunque los 108 casos representan una porción reducida de la plantilla total de la agencia, funcionarios estadounidenses indicaron que alrededor de 1.500 empleados están siendo analizados en distintas fases de la investigación.
El debate sobre el papel de la organización se intensificó después de que el presidente Donald Trump suspendiera en 2025 la financiación estadounidense a UNRWA. Desde entonces, la agencia ha continuado sus operaciones gracias a aportes de otros países y a fondos asignados por Naciones Unidas.
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Mientras las pesquisas avanzan, las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo es asegurar que la asistencia destinada a la población civil de Gaza llegue efectivamente a quienes la necesitan y no sea desviada hacia organizaciones armadas.
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