Desde el próximo 18 de marzo, Ohio implementará una legislación que endurece las sanciones a propietarios de perros declarados peligrosos, como reacción directa a una serie de ataques que provocaron preocupación pública y reavivaron el debate sobre la seguridad en torno a las mascotas.
La nueva norma, conocida como Avery’s Law, dotará a las autoridades de herramientas más eficaces para intervenir cuando un animal representa un riesgo concreto, según detalló el medio La Opinión.
La legislación lleva el nombre de Avery, una niña que sufrió heridas graves tras un ataque perpetrado por varios perros pitbull, incidente que movilizó tanto a la opinión pública como a los legisladores de Ohio. El gobernador Mike DeWine sancionó el Proyecto de Ley 247, oficialmente bautizado como Avery’s Law, que modifica el régimen vigente sobre perros considerados peligrosos y eleva el umbral de las responsabilidades para sus propietarios.
Con su entrada en vigor, cuando un perro previamente identificado como peligroso reincide en su comportamiento agresivo, los dueños podrán enfrentar consecuencias legales más severas que las previstas hasta ahora, una medida destinada a minimizar el riesgo de nuevos ataques.
Según la Cámara de Representantes de Ohio, órgano legislativo del estado, la ley distingue entre los responsables de mascotas y aquellos cuyos animales han generado incidentes, al tiempo que prioriza la intervención temprana cuando se identifica un peligro potencial.
Estados Unidos refuerza controles sobre perros peligrosos con legislación estatal diferenciada
Estados como California, Texas, Florida y Nueva York ya cuentan con marcos regulatorios similares, diseñados para intervenir cuando se presentan casos de agresión por parte de perros clasificados oficialmente como peligrosos o viciosos.
En California, la normativa permite declarar a un animal como dangerous dog o vicious dog tras una conducta agresiva, con consecuencias que pueden incluir: registro obligatorio ante el condado, confinamiento en recintos seguros, uso de correa y bozal en espacios públicos y contratación de un seguro de responsabilidad civil. En caso de reincidencia, pueden imponerse multas, la confiscación del animal e incluso cargos penales.
Texas aplica la denominada Dangerous Dog Law, que exige que, tras una declaración de peligrosidad, el propietario registre el animal, contrate un seguro mínimo de USD 100.000 y garantice que el perro permanezca en un entorno seguro. Si estos requisitos no se cumplen y se produce otro ataque, la consecuencia puede ser la responsabilidad criminal directa sobre el dueño.
En Florida, la clasificación de dangerous dog se asigna después de una investigación. Las obligaciones abarcan la instalación de señales de advertencia, el uso sistemático de bozal y correa fuera de casa y el registro anual del animal. Si el perro provoca lesiones graves, las sanciones aumentan considerablemente.
Nueva York concede a los jueces la facultad de definir cuándo un perro se considera peligroso y sumar medidas como confinamiento, entrenamiento obligatorio, uso forzoso de correa y bozal, e incluso la retirada definitiva del animal en circunstancias extremas.
Equilibrio entre protección comunitaria y respeto al dueño responsable
En ausencia de una ley federal única, cada estado de Estados Unidos regula la materia de acuerdo a su propia experiencia y contexto. El principio unificador es que la intervención legal ocurre únicamente después de incidentes demostrados o señales claras de agresividad.
Especialistas en comportamiento y bienestar animal del Colegio Estadounidense de Conducta Animal recalcan que la mayoría de los perros nunca presentan un riesgo y que los casos más graves suelen estar asociados a la falta de supervisión y deficiencias en el adiestramiento o en las condiciones de manejo del animal. Subrayan que la responsabilidad del dueño, el entrenamiento adecuado y la supervisión son fundamentales.
La promulgación de la Avery’s Law en Ohio refleja una tendencia nacional a reforzar la seguridad sin imponer estigmas generalizados a los animales ni a los propietarios que cumplen con todas las obligaciones. Para las más de 10 millones de familias que conviven con perros en Estados Unidos, el reto sigue siendo garantizar una convivencia segura y preservar al mismo tiempo el lazo entre personas y mascotas.