Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar ejecutada el 3 de enero y ordenada por el presidente Donald Trump. La ruptura previa, en 2019, tuvo origen en el desconocimiento de Washington a la reelección de Maduro y el apoyo al líder opositor Juan Guaidó, quien encabezó un fallido gobierno paralelo ese año.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro y alineó al gobierno venezolano con los intereses estadounidenses. Entre sus primeras medidas, Rodríguez cedió el control del sector petrolero a capitales privados y reformó la ley de hidrocarburos. El presidente estadounidense felicitó públicamente el trabajo de la nueva mandataria y respaldó la agenda de cooperación bilateral.
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Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, “Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”. Este paso busca facilitar “los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”. Dentro de la hoja de ruta definida por Washington, el proceso contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.
La embajada estadounidense reabrió en Caracas tras años de cierre, mientras que Venezuela designó a Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos. La encargada de negocios Laura Dogu aterrizó a finales de enero en Caracas para reiniciar la misión diplomática norteamericana en Venezuela.
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El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, visitó el país sudamericano para avanzar en acuerdos energéticos y mineros. Burgum destacó que recibió “garantías de seguridad para cualquier empresa que opere en la zona”, en referencia a los intereses estadounidenses en el Arco Minero, región de 112.000 kilómetros cuadrados con presencia de recursos como oro, diamante, bauxita y coltán. La zona enfrenta denuncias de expansión de minería ilegal y deterioro ambiental, además de reportes sobre bandas criminales y grupos armados.
En el sector energético, Rodríguez impulsó la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros anunciados bajo la nueva legislación que reduce el control estatal y abre la industria al capital externo. Los recursos energéticos venezolanos, bajo embargo estadounidense desde 2019, solo pueden ser explotados por multinacionales con permisos especiales expedidos en Washington.
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Burgum expresó que “ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años”, atribuyendo estos avances al liderazgo de Rodríguez. El funcionario vaticinó que Venezuela superará las metas fijadas para 2026 en producción de petróleo y gas.
La decisión de restablecer relaciones diplomáticas marca un giro en la política bilateral tras años de confrontación y sanciones. El Departamento de Estado subrayó que la colaboración se orienta a apoyar a la población venezolana en un proceso gradual hacia la celebración de elecciones libres y reconocidas internacionalmente.
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(Con información de AFP, EFE, AP y Reuters)