(Desde Washington, Estados Unidos) El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, empuja una ofensiva política para remozar las instituciones del país, frente a las constantes denuncias de la fiscal general Consuelo Porras, que aprovecha su cargo para trabar un proceso democrático que es apoyado por la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea.
La fiscal Porras intentó destituir varias veces al presidente Arévalo con presentaciones sin evidencia judicial y apoyadas por resortes de poder vinculados al crimen organizado y grupos de ultra derecha que resisten el cambio institucional.
La última batalla de la fiscal general contra Arévalo sucede durante la elección de los futuros miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, una estructura clave en la pirámide judicial del país.
Arévalo estableció un proceso transparente para elegir a los futuros cinco miembros de la Corte de Constitucionalidad, mientras que Porras intentó trabar la elección de la representante del Colegio de Abogados, una prestigiosa profesional que tiene bajo investigación a la fiscal general.
Los otros cuatro miembros son elegidos por el Gobierno, la Corte Suprema, el Parlamento y los académicos, a través del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos
Pese a la intervención para ilegal de Porras, Astrid Lemus fue designada como representante del Colegio de Abogados por más de 1.200 votos frente a su principal competidor.
Desde Human Rights Watch, el subdirector para las Américas,Juan Pappier, enfatizó que “las trampas e intimidaciones no surtieron efecto”, en obvia referencia a las acciones que se urdieron en la fiscalía general de Guatemala.
En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una Misión Especial a Guatemala para monitorear el proceso electoral para designar a los futuros miembros de la Corte de Constitucionalidad.
La Misión Especial de la OEA cuestionó las actuaciones irregulares de la fiscal Porras para trabar la elección de la abogada Astrid Lemus, y a continuación en el foro regional se decidió que se tratará hoy la crisis política en Guatemala durante la sesión del Consejo Permanente.
Además de las exposiciones de los representantes de Costa Rica, Canadá, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Mexico y Panamá, que advirtieron sobre la inestabilidad institucional guatemalteca, se escucharon las exposiciones del canciller Carlos Martínez, la Presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Patricia Gámez, y Astrid Lemus.
Sin mencionar a la fiscal Porras, el canciller Martínez describió la situación política e institucional en su país.
“Hoy Guatemala se encuentra ante una oportunidad histórica. Como ha señalado el Presidente de la República, estamos a las puertas de dejar atrás años de oscuridad institucional. Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios. Los próximos días, semanas y meses serán determinantes para que el país pueda liberarse de estructuras que han limitado el pleno desarrollo democrático y han obstaculizado la confianza ciudadana en sus instituciones", afirmó el Martínez ante el Consejo Permanente de la OEA.
A su turno, Gámez denunció en la OEA las maniobras ejecutadas por Porras para complicar la elección de la representante del Colegio de Abogados.
“La presencia fiscal se prolongó hasta aproximadamente las veintiuna horas, tiempo en el cual estuvieron presentes en las mesas de votación, grabando y tomando fotografías, procediendo a la incautación del teléfono del presidente del Tribunal Electoral, requiriendo el secuestro de cualquier teléfono, también de mi persona.”, aseguró Gámez.
Y para cerrar el círculo, frente a los actos extra legales ordenados por Porras para frenar la elección del representante de los abogados, la abogada Lemus sostuvo:
“Al pretender interrumpirla (la votación) se está pretendiendo también violentar el orden constitucional en la renovación de la Corte de Constitucionalidad y con ello atentar contra ese orden establecido constitucionalmente”.
Antes de concluir el tratamiento de la situación en Guatemala en el Consejo Permanente, tomó la palabra Albert Ramdin, secretario General de la OEA.
“La transparencia, el respeto al Estado de derecho y la participación ciudadana no son opcionales: son salvaguardas esenciales contra la captura institucional. Seguiremos monitoreando de cerca los acontecimientos y apoyando a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, en plena conformidad con la Carta Democrática Interamericana”, enfatizó Ramdin.
El apoyo de la OEA al proceso de institucionalidad de Guatemala es firme, pero se trata de una instancia política que tiene final abierto.
Porras termina su mandato legal en mayo, y busca preservar sus espacios de poder.
Se presentó para integrar la futura Corte de Constitucionalidad como miembro académico, en una elección que sucedió hace pocas horas.
A Porras no le fue como esperaba. Nadie la voto.
Pero eso no significa que la crisis en Guatemala ya ha terminado.