Estados Unidos mantiene el 1 de agosto como fecha límite para la entrada en vigor de nuevos aranceles aplicados a decenas de socios comerciales, una decisión reafirmada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el domingo. “No habrá prórrogas ni más períodos de gracia. El 1 de agosto se fijarán los aranceles. Entrarán en vigor. Las aduanas comenzarán a recaudar el dinero y ya está”, dijo Lutnick a Fox News, confirmando que la administración actual no contempla extender el plazo para alcanzar acuerdos bilaterales antes de la imposición de tarifas.
El gobierno estadounidense notificó oficialmente a líderes de numerosas naciones sobre la implementación de estos aranceles, confirmó la Casa Blanca. A partir del 1 de agosto, productos importados de países como Canadá, México, Japón, la Unión Europea, Brasil, Corea del Sur, Camboya y Bangladesh enfrentarán tarifas diferenciadas, con gravámenes que oscilan entre el 25% y el 50% según el país y sector. El objetivo, según funcionarios estadounidenses, es incentivar la firma de acuerdos comerciales individualizados que, de alcanzarse antes de la fecha límite, podrían garantizar condiciones preferentes respecto a los aranceles anunciados.
Lutnick remarcó que la entrada en vigor de los aranceles no cierra la puerta a futuras negociaciones. Sostuvo que el presidente Donald Trump se mantiene dispuesto a pactar acuerdos incluso después del 1 de agosto, especialmente con aquellos países que demuestren voluntad de modificar prácticas comerciales que la administración estadounidense considera desleales.
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En Escocia, Trump encabeza este domingo reuniones con representantes de la Unión Europea para intentar alcanzar consensos de último momento. “Esperan llegar a un acuerdo, y eso depende del presidente Trump, quien lidera esta mesa de negociaciones. Nosotros ponemos la mesa”, explicó Lutnick al referirse a la dinámica con la UE. Hasta la fecha, solo Gran Bretaña, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Japón han accedido a firmar acuerdos comerciales con la administración estadounidense, aceptando niveles arancelarios superiores al 10% general, pero lejos de los máximos propuestos para naciones que no logran pactos.
El impacto económico de la medida genera preocupación entre especialistas. De acuerdo con ABC News, los aranceles pueden traducirse en incrementos inmediatos de precio para bienes cotidianos como café, calzado y electrodomésticos. El Yale Budget Lab estimó que, si las tarifas se reflejan en su totalidad en los precios al consumidor, los hogares estadounidenses podrían afrontar un aumento de costo anual promedio de 2.400 dólares. La política arancelaria ya incluye un impuesto del 50% para el cobre, con efectos previsibles en las industrias de la construcción y automotriz eléctrica.
La hoja de ruta del gobierno plantea aranceles del 50% para Brasil, 35% para Canadá, 30% para la Unión Europea y México y 25% para Japón y Corea del Sur. Por su parte, Camboya y Bangladesh —proveedores clave de ropa— enfrentarán tarifas del 36% y 35%, respectivamente. Según Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, las tarifas buscan presionar para la firma de acuerdos bilaterales bajo los términos estadounidenses. “El presidente y su equipo comercial quieren lograr los mejores acuerdos para el pueblo estadounidense y el trabajador estadounidense”, sostuvo Leavitt.
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La estrategia recíproca representa una intensificación sobre la política comercial previa. El acero y el aluminio mantienen un gravamen del 50%, y los productos de México y Canadá están sujetos a un 25%, salvo excepciones por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Aunque algunos aranceles altos han sido reducidos en semanas recientes o permanecen pendientes mientras se resuelven disputas judiciales, la administración notificó por carta a los países implicados el mantenimiento del plazo, lo que incrementa la presión negociadora.
El secretario Scott Bessent del Departamento del Tesoro señaló que existe margen para considerar prórrogas limitadas solo en casos de “negociaciones productivas”, aunque subrayó que “veremos qué quiere hacer el presidente”. Las medidas se asemejan a las que el gobierno intentó implementar el pasado 2 de abril, cuando la reacción de los mercados llevó a una jornada bursátil negativa.