El gobierno de Estados Unidos ha divulgado más de 240.000 páginas de archivos del FBI relacionados con la vigilancia a Martin Luther King Jr., lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de la familia del líder asesinado y la organización de derechos civiles que fundó.
Los documentos, bajo resguardo judicial desde 1977, fueron abiertos al público el lunes 21 de julio, luego de que la administración solicitara mediante el Departamento de Justicia adelantar su desclasificación antes de 2027.
En un extenso comunicado, los hijos del activista, Martin Luther King III (67 años) y Bernice King (62 años), abordaron el impacto personal que la muerte de su padre ha tenido en sus vidas y pidieron respeto en el tratamiento del material.
“Pedimos a quienes aborden el contenido de estos archivos que lo hagan con empatía, moderación y respeto por nuestro dolor, que continúa después de 57 años”, señalaron. Ambos destacaron que la figura y el asesinato del líder han sido motivo de “fascinación pública durante décadas”, pero insistieron en que los archivos deben ser interpretados “dentro de su pleno contexto histórico”.
La familia tuvo acceso previo a los materiales y organizó equipos para analizarlos antes de la publicación, aunque hasta el momento no se ha detallado si entre los documentos existen revelaciones significativas sobre la vida de King, el Movimiento por los Derechos Civiles o la autoría y motivaciones detrás de su asesinato en Memphis, en 1968.
El proceso de desclasificación se inscribe en una serie de liberaciones ordenadas por el gobierno estadounidense tras la promesa presidencial de abrir los archivos vinculados a los asesinatos de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy en la década de 1960.
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, calificó la decisión de liberar los documentos sobre King como un hecho “sin precedentes”. En ese sentido, Gabbard resaltó que una parte significativa de estos registros fueron digitalizados por primera vez para garantizar su acceso público.
La publicación fue reconocida por Alveda King, sobrina del líder y referente conservadora, quien afirmó estar “agradecida por la transparencia”. Sin embargo, las organizaciones de derechos civiles y los miembros directos de la familia King han expresado preocupación.
La Southern Christian Leadership Conference, cofundada por King, se opuso a la apertura de los registros. Alegan que el FBI llevó a cabo una vigilancia ilegal contra King y otros activistas durante años, recurriendo a intervenciones telefónicas, infiltraciones y campañas de desprestigio.
En su declaración, los hijos del activista recordaron: “él fue objetivo permanente de una campaña invasiva, depredadora y perturbadora de vigilancia y desinformación coordinada por J. Edgar Hoover desde el FBI”. Y ampliaron: “la intención de la campaña COINTELPRO era no solo monitorear, sino desacreditar, desmantelar y destruir la reputación de nuestro padre y del Movimiento por los Derechos Civiles”.
Si bien señalaron que apoyan la “transparencia y la responsabilidad histórica”, alertaron sobre posibles maniobras para “atacar el legado” de su padre o utilizar estos materiales con el fin de propagar falsedades sobre su papel en la historia estadounidense.
El proceso de vigilancia ilegal por parte del FBI ha sido documentado en registros anteriores; se utilizaron grabaciones, intervenciones y presiones para socavar la lucha liderada por King.
Voces del activismo social tampoco ocultaron su malestar por el momento y las motivaciones de la medida. El reverendo Al Sharpton criticó en duros términos la decisión: “la liberación de los archivos del asesinato de King no es una cuestión de transparencia ni de justicia. Es un intento desesperado por distraer la atención pública de otros escándalos que enfrentan las autoridades”.
Estos materiales son objeto de expectativa entre investigadores y periodistas, ya que aún se desconoce si arrojarán luz sobre nuevas aristas del asesinato ocurrido el 4 de abril de 1968, cuando King se encontraba apoyando a trabajadores sanitarios en huelga y promovía la justicia económica, además de la igualdad racial.
En lo relativo al crimen, la familia King nunca aceptó plenamente la explicación oficial. James Earl Ray, quien se declaró culpable y fue sentenciado, se retractó años después y proclamó su inocencia hasta su muerte en 1998. En 1999, un jurado en Memphis avaló la tesis de un complot tras evaluar una demanda civil impulsada por Coretta Scott King, viuda del líder asesinado.
Bernice y Martin Luther King III reiteraron que “mientras revisamos estos archivos recién publicados, evaluaremos si ofrecen elementos adicionales más allá de lo que ya hemos admitido como familia”.