Una investigación federal sobre el presunto secuestro de Yuriana Julia Peláez Calderón reveló que todo se trató de una simulación cuidadosamente planeada para generar simpatía pública y recaudar fondos en línea.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), las autoridades arrestaron y acusaron formalmente a Peláez, de 41 años y origen mexicano, bajo cargos de conspiración y suministrar declaraciones falsas a funcionarios federales.
Según detalló el Departamento de Justicia, la mujer se encuentra bajo custodia migratoria y deberá presentarse próximamente ante el Tribunal Federal de Distrito de EEUU, ubicado en el centro de Los Ángeles.
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Un supuesto plan orquestado para culpar a los agentes del ICE
En el documento de acusación criminal presentada el miércoles, el gobierno federal sostiene que Peláez organizó junto a otras personas un falso secuestro, al que responsabilizó a agentes federales o a personas que trabajaban para ellos, con el propósito de suscitar preocupación y donaciones.
El fiscal federal, Bill Essayli, advirtió sobre este tipo de delitos y el impacto que tiene en la percepción pública de las fuerzas de seguridad. “La retórica peligrosa según la cual los agentes de ICE están ‘secuestrando’ a migrantes indocumentados es irresponsablemente promovida por políticos y replicada en los medios para inflamar a la opinión pública y desacreditar a nuestros valientes agentes federales”, afirmó Essayli en el comunicado oficial.
Añadió, “el comportamiento descrito en la acusación demuestra que este secuestro falso fue una conspiración bien orquestada. La acusada y todos los involucrados enfrentarán las consecuencias plenas de sus actos conforme a la ley federal”.
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De acuerdo con la información presentada en la denuncia, el caso adquirió notoriedad a finales de junio cuando un abogado de la familia Peláez Calderón convocó a la prensa el día 30 para informar que ella había sido presuntamente secuestrada cinco días antes en el estacionamiento de un restaurante Jack in the Box en el centro de Los Ángeles.
Según la versión difundida en dicha conferencia, tras su captura fue trasladada a San Ysidro, donde “fue presentada ante un empleado de ICE y se le entregó documentación para la auto-deportación voluntaria”.
El abogado indicó que su clienta se negó a firmar la documentación y exigió hablar con un juez y un abogado, lo que habría desencadenado un castigo consistente en su traslado a un lugar desconocido, supuestamente un almacén no identificado.
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Esta narrativa provocó inquietud en la comunidad y atrajo amplia cobertura mediática. Simultáneamente, la hija de Peláez lanzó una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar 4.500 dólares, comunicando que “fue llevada por hombres enmascarados en un vehículo sin marcas... mientras se dirigía a su trabajo”. Según la acusación federal, la totalidad de esta historia fue fabricada por la propia Peláez Calderón y sus allegados.
Un video de seguridad desmintió su versión
De acuerdo con la cronología reconstruida por las autoridades, mientras la mujer supuestamente permanecía desaparecida hacia el 3 de julio, agentes federales comenzaron a inquietarse al constatar que no se encontraba bajo custodia migratoria, tal como se afirmaba en la prensa. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició entonces la búsqueda durante el fin de semana del Día de la Independencia.
La investigación condujo a los agentes el 5 de julio hasta una plaza comercial en Bakersfield. Allí encontraron a la mujer quien, al ser confrontada, persistió en su relato de haber sido secuestrada por hombres con el rostro cubierto y mantenida en cautiverio junto a otras personas.
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No obstante, según el DOJ, el análisis de cámaras de vigilancia —incluido un video que muestra a Peláez saliendo del estacionamiento de Jack in the Box e ingresando de manera voluntaria a un sedán cercano— y los registros telefónicos, desacreditan completamente la versión de los hechos presentada.
La acusación indica además que tanto ella como su familia estuvieron en conocimiento de que las fuerzas de seguridad la estaban buscando e incluso temieron por su integridad, pero ninguna de las partes se presentó ante las autoridades para esclarecer la situación.
Por el contrario, la investigación apunta que ella produjo lo que la policía consideró como fotografías falsas que supuestamente documentaban su “rescate”; en dichas imágenes, se simulaba que había sido maltratada durante su supuesto confinamiento por ICE.
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El plan, relatan los fiscales, era celebrar una nueva conferencia de prensa el 6 de julio para así incrementar las donaciones en la cuenta de GoFundMe y acceder a otros posibles beneficios derivados del caso fabricado.
En caso de ser hallada culpable de todos los cargos, enfrentaría una sentencia máxima legal de cinco años en prisión federal por conspiración y otro máximo de cinco años por declaraciones falsas, sumando un total posible de hasta diez años de reclusión.