Un tribunal de apelaciones federal de Estados Unidos anuló este viernes un acuerdo que permitía a Khalid Sheikh Mohammed (KSM), acusado de ser el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, declararse culpable a cambio de evitar la pena de muerte, según informaron medios oficiales.
El fallo, emitido por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, representa un nuevo giro en el prolongado proceso judicial contra los principales acusados del ataque de Al Qaeda que dejó cerca de 3.000 víctimas en Nueva York y Washington.
El acuerdo de culpabilidad, negociado durante dos años y aprobado tanto por fiscales militares como por la máxima autoridad del Pentágono para la Bahía de Guantánamo, contemplaba la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, considerados cómplices relevantes. Como parte del trato, los acusados debían responder preguntas de los familiares de las víctimas, con el objetivo de esclarecer aspectos pendientes sobre el atentado.
Sin embargo, el ex secretario de Defensa Lloyd Austin revocó el pacto en julio de 2024, argumentando que la decisión sobre la pena máxima en un caso de tales dimensiones debía recaer únicamente en el secretario de Defensa. Austin expuso que “las familias y el público estadounidense merecen la oportunidad de ver los juicios de las comisiones militares llevados a cabo”, según consta en la resolución judicial. Los abogados defensores alegaron que el acuerdo ya poseía validez legal y que la intervención de Austin, bajo la administración de Joe Biden, fue tardía. Un juez militar en Guantánamo y un panel de apelaciones militares coincidieron con la defensa y declararon válido el pacto en noviembre.
El panel del tribunal de apelaciones, compuesto por las juezas Patricia Millett y Neomi Rao, determinó finalmente, por mayoría de dos votos a uno, que Austin actuó dentro de sus competencias y criticó la decisión del juez militar inferior. La votación fue respaldada por Millett, nombrada por Barack Obama, y Rao, por Donald Trump. Por su parte, el juez Robert Wilkins, también designado por Obama, expresó en su voto disidente que el Gobierno “no ha estado ni remotamente cerca de demostrar clara e indiscutiblemente que el juez militar se equivocó”.
El acuerdo, anunciado originalmente en julio de 2024, generó reacciones negativas entre algunos familiares de las víctimas de los ataques. Tras la anulación por parte de Austin, el Departamento de Justicia respaldó la medida y solicitó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que impidiera que las comisiones militares prosiguieran con los procedimientos relacionados con el pacto. Tras el cambio presidencial, la nueva administración republicana mantuvo la apelación y el tribunal decidió suspender los procedimientos mientras evaluaba el caso.
La anulación del acuerdo implica que el proceso judicial contra Mohammed y sus coacusados continuará sin una resolución rápida a la vista. Ellos enfrentan cargos desde 2012 por terrorismo, secuestro de aeronaves, conspiración, asesinato en violación del derecho de guerra, ataques contra civiles y lesiones corporales graves intencionales. Un eventual juicio podría extenderse por al menos 18 meses, conforme a las previsiones expresadas a EFE por el entonces coordinador de las defensas en Guantánamo, el general de brigada Jackie Thompson.
Uno de los desafíos recurrentes en el proceso judicial ha sido resolver si los acusados pueden recibir un juicio justo tras haber sido sometidos a tortura bajo la custodia de la CIA, cuestión que el acuerdo de culpabilidad habría evitado tratar. Mohammed, ex ingeniero y considerado uno de los hombres de mayor confianza de Osama bin Laden, fue capturado en Pakistán en marzo de 2003 y permaneció durante tres años en prisiones secretas de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.
El centro de detención de Guantánamo fue creado tras los atentados para alojar a sospechosos de terrorismo fuera de la jurisdicción legal estadounidense. Llegó a albergar a cerca de 800 prisioneros en su punto máximo; en la actualidad mantiene solo una fracción de esa cifra, tras la repatriación progresiva de internos a diversos países.
La reciente decisión judicial obstaculiza el cierre de un proceso legal marcado por más de dos décadas de dificultades jurídicas y logísticas, y retrasa un desenlace para uno de los juicios más significativos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos.
(Con información de AFP, AP y EFE)