Estados Unidos instó al G7 a que aumente los esfuerzos de sus grupos de trabajo para que exploren opciones que permitan la confiscación de USD 300.000 millones provenientes de activos rusos e, inclusive, le presentó un documento privado con un plan ya diseñado, con ánimos de acelerar este proceso.
La iniciativa fue discutida en el último tiempo por los ministros de Finanzas de estas potencias y sus adjuntos que, si bien no alcanzaron aún una definición sobre el tema, dejaron en claro su compromiso con la causa. De hecho, se cree que el Grupo tendrá listo un plan de acción para la cumbre que se prevé para el 24 de febrero, fecha en la que se cumplirán dos años de la guerra que Vladimir Putin inició en Ucrania.
Los tres ejes de la propuesta de Washington abordan las cuestiones más básicas y fundamentales de estos activos rusos: los lineamientos legales que rodean a la confiscación, el método en que se aplicará esta política y la mitigación de riesgos, y opciones sobre cómo canalizar mejor el apoyo a Ucrania.
Si bien la Administración de Joe Biden no ha respaldado públicamente tales acciones, por medio de esta propuesta dejó en claro su postura y confió en que servirían como “una contramedida para inducir a Rusia a poner fin a su agresión”.
En Europa, donde se encuentran la mayoría de los activos congelados, ninguno de ellos aún confiscado, la idea de hacerse con el dinero de Moscú y destinarlo a Kiev -ya sea para su rearme o para su reconstrucción- lleva meses bajo escrutinio, incluso con la aprobación a grandes rasgos de la mayoría de las naciones.
El problema recae, sin embargo, en los detalles de la iniciativa y la necesidad de evaluar meticulosamente la legalidad de las acciones así como de avanzar con mayor secretismo, para evitar dar ventaja al Kremlin y sus oligarcas sobre futuros anuncios.
La Unión Europea explora variantes como la confiscación y el gasto directo de los activos del Banco Central ruso, el aprovechamiento de los ingresos de estos activos congelados o su utilización como garantía para préstamos aunque evalúa, a la par, las implicaciones que esto tendría sobre la estabilidad financiera, las represalias que Putin ya adelantó que tomaría y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos que el Kremlin también prometió como respuesta a estas acciones sobre su dinero.
Italia, que asumirá la presidencia del Grupo de los 7 en 2024, es uno de los preocupados por esta posible venganza sobre las compañías que mantiene activas en el país. Por su parte, el Reino Unido y Francia manifestaron que no sería tan fácil disponer de esta plata y, aún teniéndola en su poder, sería insuficiente para cubrir las necesidades de reconstrucción de Ucrania.
Otra de las inquietudes que suscita el caso es el futuro de las asistencias a Kiev. Estos últimos dos países señalaron que la confiscación no debería hacerse a expensas de brindar apoyo financiero a Volodimir Zelensky durante 2024 y Ministros de las demás naciones temen que esto derive en una baja en los paquetes de ayuda que, tras casi dos años, comienzan a encontrarse con obstáculos y parecen estancados, como en Estados Unidos.
De todas formas, la historia demuestra que el G7 ha logrado superar las diferencias entre sus miembros respecto a sanciones económicas sobre Rusia por lo que ésta no tendría por qué ser la excepción.