Durante el registro realizado en la vivienda de Javier Herrero el pasado mes de junio, las autoridades hallaron una copia de una cuenta de correo electrónico atribuible a su nombre, cuyo dominio pertenecía a la constructora Aquaterra. Según reportó Europa Press, esta pista llevó a la Fiscalía Anticorrupción a poner el foco en una transferencia de 25.440 euros realizada a Herrero por parte de Aquaterra, transferencia que permanece bajo investigación por su origen y su finalidad poco clara.
De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el Ministerio Público notificó a la Audiencia Nacional la existencia de esta transferencia, señalando que el concepto presentado en la factura asociada resulta demasiado genérico para determinar el motivo exacto del pago. La transferencia fue detectada por el banco CBNK Banco de Colectivos, el cual alertó a las autoridades mediante una 'comunicación de operativa sospechosa por indicio' dirigida al Sepblac, organismo que monitorea operaciones susceptibles de lavar dinero.
La operación bajo sospecha tuvo relación con un abono de factura identificada como 'fra 1001/25'. Posteriormente, Herrero transfirió 12.500 euros a otra cuenta de su titularidad perteneciente también a la misma entidad bancaria. Europa Press detalló que, en los movimientos bancarios, también se registraron dos recibos de autónomo domiciliados. Este flujo de fondos ha motivado que Anticorrupción solicite explicaciones y documentación que respalden la justificación de la transferencia, ya que, hasta el momento, no existe ningún contrato detectado entre Herrero y Aquaterra.
El escrito de la Fiscalía, según Europa Press, también hace referencia a las comunicaciones de correo electrónico halladas en los dispositivos intervenidos a Herrero. Estos archivos corresponden a una cuenta que registraba 145 correos, con la primera comunicación fechada en 3 de noviembre de 2024. Las autoridades aún desconocen por qué Herrero poseía acceso a dicha cuenta, mientras se destaca la ausencia de una relación laboral formal entre el exfuncionario y la constructora investigada.
Europa Press consignó que la transferencia bajo análisis está siendo contextualizada en el marco de una obra pública de relevancia. Se trata del contrato firmado para el tramo Arrúbal-Navarrete de la Autovía A-68, en La Rioja, licitado por la Dirección General de Carreteras por 92 millones de euros y adjudicado en septiembre de 2019 a la UTE integrada por Acciona Construcción y Aquaterra. En ese periodo, Herrero ocupaba el cargo de director general de Carreteras, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad de ciertos vínculos y operaciones.
Otra pieza del caso corresponde a una conversación de WhatsApp, descubierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en abril de 2019, entre Herrero y Koldo García, quien era asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Según informa Europa Press, en ese intercambio Herrero escribió a García: “Bingo!!! En Logroño”, expresión que los agentes interpretan como una referencia a la adjudicación de la obra en La Rioja. Durante su declaración como investigado en julio, Herrero explicó que la palabra “bingo” se refería a la resolución de un problema técnico relacionado con la obra en contexto de un proceso electoral y no a un logro ilícito. Además, Herrero afirmó que su relación profesional con Aquaterra solo se estableció tras su jubilación, actuando como consultor externo.
El juez instructor del conocido 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha solicitado información adicional a varios bancos sobre los movimientos financieros de diversas empresas implicadas. Europa Press informó que el magistrado ordenó la recopilación de extractos y datos bancarios no solo de Aquaterra, sino también de compañías como Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet. El propósito es continuar con la trazabilidad de los flujos de dinero relacionados con los contratos adjudicados por Acciona, debido a la sospecha de que las Uniones Temporales de Empresas (UTE) constituidas con esta compañía y otras miembros podrían haberse empleado como canales de distribución de fondos hacia personas investigadas, incluido Herrero.
El auto judicial, según el relato de Europa Press, recoge que el objetivo de los implicados en la trama habría sido la obtención de beneficios económicos derivados de la adjudicación de contratos públicos de obra civil. Por esta razón, el magistrado insiste en ampliar las pesquisas sobre las alianzas empresariales formadas para acceder a estos concursos y sobre los movimientos económicos realizados dentro de estas sociedades.
La investigación del Ministerio Público ha ido acompañada de diversas diligencias probatorias, entre ellas la intervención de dispositivos electrónicos y documentación vinculada tanto a Herrero como a otras figuras implicadas. Las actuaciones buscan esclarecer si existieron prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos y establecer si el dinero transferido a Herrero guarda relación directa con su etapa al frente de la Dirección General de Carreteras o con supuestos servicios posteriores de consultoría.
Por último, la Fiscalía Anticorrupción continúa reuniendo información bancaria y documental sobre los movimientos de fondos entre empresas y personas investigadas, tarea en la que la colaboración de entidades financieras resulta esencial. Como parte de estas acciones, Europa Press informó que la entidad vinculada a la transferencia prestó soporte documental, aunque hasta el momento la factura presentada sigue sin aclarar la finalidad concreta del pago efectuado a Herrero. Todo el proceso se orienta a conseguir el total esclarecimiento de los hechos investigados y ampliar la trazabilidad financiera dentro de la trama detectada.