El inicio de los juicios por la llamada 'Operación Kitchen' y por los contratos sanitarios durante la pandemia se producirá casi simultáneamente, según consignó Europa Press. Este calendario judicial plantea solapamientos relevantes: la Audiencia Nacional ha fijado el comienzo del juicio sobre el presunto operativo parapolicial dirigido a obtener documentos comprometidos sobre la investigación del caso 'Gürtel' para el 6 de abril, mientras que el Tribunal Supremo celebrará un procedimiento separado desde el 7 de abril contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas.
De acuerdo con Europa Press, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la fecha y el esquema procesal del juicio sobre la 'Operación Kitchen'. La instrucción examina si, desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se articuló un dispositivo clandestino para sustraer al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, información y materiales relevantes sobre la investigación judicial de la trama 'Gürtel'.
El tribunal juzgará al exministro Jorge Fernández Díaz, quien cuenta con la prerrogativa de declarar el último en la fase testimonial, junto con la que fue la cúpula del Ministerio del Interior. Entre los procesados también figuran el exsecretario de Estado Francisco Martínez, el antiguo Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, y varios mandos policiales: José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Gómez Gordo. El procedimiento también sentará en el banquillo al excomisario José Manuel Villarejo, identificado por la investigación como figura central, y al exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos.
La sesión inaugural está prevista para el 6 de abril y, según la providencia recogida por Europa Press, el desarrollo del juicio podría prolongarse hasta el 30 de junio. Se determinó que las declaraciones de los acusados se realizarán al final del proceso. La defensa de Andrés Gómez Gordo, liderada por el abogado José Antonio Choclán, había manifestado la intención de solicitar una suspensión, alegando que la fecha del juicio colisionaba con el otro proceso en el que también participa, dedicado al análisis de las contrataciones sanitarias en pandemia y que comenzará el 7 de abril. Europa Press reportó que el letrado finalmente desistió de la petición cuando se confirmó que otra abogada asociada a su bufete se encargará de la co-defensa en el caso de la 'Operación Kitchen'.
La simultaneidad de estos procedimientos implica que varias figuras públicas y empresariales, vinculadas a la gestión de Interior y la compra de materiales en la emergencia sanitaria, comparecerán ante distintos tribunales nacionales en un mismo periodo. El juicio de la Audiencia Nacional sobre la 'Operación Kitchen' examinará en detalle la supuesta existencia de una operación secreta, paralela a los cauces institucionales, dirigida a impedir o alterar el curso de investigaciones judiciales en marcha. Según publicó Europa Press, los principales implicados, todos con altas responsabilidades en la estructura de Interior durante el mandato de Rajoy, afrontan imputaciones por diferentes delitos relacionados con el encubrimiento, la revelación de secretos y la utilización inapropiada de recursos policiales y administrativos.
Por su parte, el caso asignado al Tribunal Supremo centrará su atención en las presuntas irregularidades detectadas en contratos públicos formalizados para la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Los investigadores apuntan posibles delitos de prevaricación, cohecho y malversación, así como la existencia de tramas de intermediación en las adjudicaciones sanitarias, lo cual implica a Ábalos, Koldo García y Aldama.
Tal como detalló Europa Press, el proceso contra la denominada 'Operación Kitchen' incluye acusaciones que parten de la supuesta creación y ejecución de un operativo policial encubierto, diseñado con el objetivo de interceptar documentación y pruebas vinculas con Luis Bárcenas, a raíz de su papel clave en el caso 'Gürtel', una de las mayores investigaciones de corrupción política registradas en la historia reciente de España. El esquema acusado habría buscado anticipar y controlar filtraciones perjudiciales para la cúpula popular.
Además, el juzgado de la Audiencia Nacional ha ordenado que las comparecencias de los acusados tengan lugar una vez concluidas todas las pruebas, permitiendo así escuchar su versión de los hechos una vez presentadas las evidencias centrales que sostienen la acusación. El cronograma fijado remite un mensaje claro de voluntad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la depuración de responsabilidades que afecten tanto a ex altos cargos ministeriales como a mandos policiales y colaboradores civiles de las operaciones objeto de juicio.
Las decisiones adoptadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo evidencian la complejidad y el solapamiento de procedimientos judiciales que afectan de forma simultánea a actores relevantes del espectro político y comercial. Según reiteró Europa Press, las providencias emitidas subrayan el interés de ambas instancias en asegurar el desarrollo de los juicios dentro del plazo legalmente previsto y en evitar demoras que puedan alterar el ritmo y la eficacia de la justicia ordinaria.