El reciente rechazo de España a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense en Irán, así como la negativa del país a incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB, han vuelto a colocar a la nación ibérica en el centro del debate internacional sobre su papel en la Alianza Atlántica. Según consignó el medio, estas posturas han generado tensiones palpables entre el Gobierno español y la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, quien cuestionó abiertamente la posición española argumentando: “Es un país perdedor. No juegan en equipo y no voy a jugar con ellos”.
De acuerdo con la información publicada, este jueves se cumplen cuatro décadas desde que la ciudadanía española avaló en referéndum su permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El plebiscito, celebrado el 12 de marzo de 1986, arrojó un 52,5% de votos a favor, un 39,9% en contra y una abstención del 6,5% sobre una participación que alcanzó aproximadamente el 60%. El resultado supuso la integración plena de España en el esquema occidental de seguridad, aunque la decisión nunca dejó de generar controversias internas y discusiones sobre las implicancias de la alianza.
El medio detalló que el proceso de integración de España en la OTAN se inició poco después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Fue el presidente Leopoldo Calvo Sotelo quien, en su discurso de investidura del 25 de febrero, sentó las bases para solicitar el ingreso. Posteriormente, el 2 de diciembre, el Gobierno manifestó de manera oficial la intención de adhesión, y el 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el miembro número dieciséis de la organización, en contraste con los treinta y dos miembros actuales.
La postura ante la OTAN se convirtió en tema central de la agenda política y electoral de los años ochenta. Según publicó la fuente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Felipe González, llegó al poder tras los comicios de octubre de 1982 con la consigna “OTAN, de entrada no”. Sin embargo, una vez en el Gobierno, González modificó su postura inicial y puso a consideración de la ciudadanía tanto la continuidad en la organización como el respaldo a su propio liderazgo. Esta evolución no fue compartida por todos, lo que se reflejó en la renuncia del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, quien manifestó su desacuerdo con el cambio de rumbo.
Expertos citados por el medio analizan que el contexto internacional jugó un papel determinante en el viraje del Ejecutivo. El politólogo Fernando Vallespín sostiene que González “no tenía más remedio si quería formar parte de la Comunidad Económica Europea”, una integración que se materializó el 1 de enero de 1986 y que se consideraba ligada a la pertenencia a la OTAN como condición de seguridad colectiva. La historiadora Giulia Quaggio, especialista en la Europa posterior a 1945, afirma que en aquel entonces se defendía que la membresía en la alianza atlántica resultaba imprescindible para ingresar en la CEE.
El texto sometido a consulta en el referéndum de 1986 contenía tres condiciones “cuidadosamente seleccionadas” por el Gobierno socialista, que, según Quaggio, temía el rechazo social. Así, la permanencia española en la OTAN quedó supeditada a estas cláusulas orientadas a salvaguardar los intereses nacionales: la no incorporación a la estructura militar integrada de la Alianza, la prohibición de instalar o almacenar armas nucleares en territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar estadounidense.
Según informó la fuente original, la primera de dichas condiciones —mantenerse fuera de la estructura militar integrada— fue revertida el 1 de enero de 1999, durante la presidencia de José María Aznar, tras intensas negociaciones. La caída del Muro de Berlín y la disolución de los antiguos bloques fueron determinantes en esa decisión. El ascenso de Javier Solana como primer secretario general español de la OTAN, entre 1995 y 1999, consolidó la posición de España dentro de la organización.
Con respecto a la segunda condición, la política de desnuclearización data del convenio con Estados Unidos en 1979, conocido como el Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Norteamericano, aunque España no ratificó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares hasta 1987. Sobre la reducción de la presencia militar estadounidense, el medio precisa que de las cuatro bases pactadas en los acuerdos de 1953 (Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón), solo Rota y Morón continúan operando en la actualidad bajo control compartido hispano-norteamericano. La base de Zaragoza fue abandonada en 1992 y la de Torrejón dejó de ser empleada por personal estadounidense en 2004.
En el referéndum se preguntó a más de dieciséis millones de ciudadanos si “consideran conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación”. Más de nueve millones votaron afirmativamente, mientras que más de seis millones ochocientos mil se manifestaron en contra.
El aniversario del referéndum ha reactivado polémicas en torno al significado actual de la OTAN y a la posición de España en el orden internacional. Eduardo Bayón, analista político citado por la fuente, sostiene que la situación mundial de 1986, dominada por la Guerra Fría, poco tiene que ver con la coyuntura contemporánea. Tanto Bayón como Vallespín coinciden en señalar que los contextos de 1982, 1986 y 1999 difieren profundamente debido a la evolución del panorama geopolítico y la transformación de la propia Alianza Atlántica.
Según publicó el medio, hechos como la participación española en la Guerra de Irak, tras la denominada Cumbre de las Azores en 2003, y declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron calificando a la OTAN de “muerte cerebral” en 2019, ilustran la controversia existente sobre la función y la viabilidad del tratado colectivo de defensa. Para Vallespín, la Alianza necesitó redefinir su propósito tras el cambio de siglo, mientras que la presidencia de Donald Trump introdujo riesgos de fragmentación y cuestionamientos sobre el liderazgo de los Estados Unidos.
El medio informó que la reciente negativa del Ejecutivo español a que las bases de Rota y Morón se empleen en ataques estadounidenses contra Irán ha sido interpretada por Vallespín como una decisión plenamente respaldada por el Derecho Internacional. A la vez, la amenaza de represalias comerciales de parte del gobierno estadounidense genera dudas sobre la factibilidad de acciones a corto plazo, dado que la base de Rota se considera estratégica e insustituible, y trasladarla supondría costos significativos, según el análisis de Vallespín.
La trascendencia internacional de la consulta española de 1986 también ocupó la atención de estados aliados y adversarios. Según declaró Giulia Quaggio al medio, el referéndum situó a España en el centro de la escena internacional, ya que Washington privilegiaba el control de las bases militares en territorio español, mientras que otras potencias de la órbita occidental, como la República Federal de Alemania, observaban el resultado con gran interés. Además, la Unión Soviética aprovechó la ocasión para alentar movimientos pacifistas en Europa, contexto en el que se registraron marcadas protestas y manifestaciones en diversas ciudades españolas, aunque no resulta posible determinar hasta qué punto influyó realmente la actividad soviética en el posicionamiento ciudadano.
Cuatro décadas después de aquella histórica jornada, España continúa debatiendo los límites y condiciones de su relación dentro de la OTAN, en un escenario internacional alterado por nuevas tensiones, recelos en materia de defensa y la necesidad de redefinir los compromisos de seguridad colectiva.