Durante una comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Amparo Valcarce expuso que el Ministerio de Defensa ha establecido mecanismos estrictos de supervisión para proveedores en sectores considerados sensibles, donde se realiza un análisis de riesgo sobre posibles vínculos con gobiernos de otros países. Estos controles se refuerzan con auditorías periódicas y verificaciones de interoperabilidad con sistemas de la OTAN y de la Unión Europea, junto con medidas especiales para reducir riesgos tecnológicos o geopolíticos. A través de esas acciones, Valcarce presentó su posición frente a los cuestionamientos sobre la relación del Gobierno con compañías extranjeras como Huawei, asegurando el cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional y comunitaria.
Según informó Europa Press, la secretaria de Estado de Defensa afirmó ante los parlamentarios que el Ministerio no ha adjudicado contratos a Huawei y que sus procesos de contratación ajustan sus condiciones a la legislación nacional y europea. Valcarce explicó que en todas las licitaciones públicas se incluyen cláusulas orientadas a proteger tanto la seguridad nacional como la defensa y la confidencialidad de la información vinculada a estos contratos. Estas normativas no solo deben ser respetadas por empresas chinas, sino por cualquier proveedor que participe en procedimientos del Ministerio.
Durante la sesión, el diputado popular Rafael Hernando interrogó sobre posibles acuerdos con Huawei, señalando que informes de Seguridad Nacional alertaron en 2023 sobre la actividad persistente de los servicios de inteligencia chinos con el propósito de obtener información política, militar y tecnológica de la Unión Europea y de la OTAN. Hernando citó además que las estrategias del gobierno chino en España buscan articular redes de influencia en los niveles más altos de decisión política.
Valcarce respondió que España mantiene una estrategia alineada con la Unión Europea para reforzar la ciberseguridad y proteger las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación. Argumentó que el marco vigente no solo es sólido, sino también coherente con los esfuerzos conjuntos europeos. De acuerdo con la secretaria, la Comisión Europea propuso en enero un nuevo paquete legislativo de ciberseguridad para reforzar la resiliencia regional y limitar los riesgos relacionados con cadenas de suministro provenientes de países considerados críticos en términos de seguridad nacional. Aunque dicho paquete aún no se encuentra en vigor, Defensa asegura que viene aplicando estándares y prácticas equivalentes en todas sus contrataciones.
El medio europa Press detalló que los contratos del Ministerio de Defensa contienen normas precisas sobre el manejo y almacenamiento de información clasificada. Las empresas adjudicatarias deben comprometerse explícitamente a no revelar ni utilizar información o documentación obtenida en el marco de los contratos para fines diferentes a los establecidos, salvo que exista una autorización expresa y previa otorgada por el propio Ministerio. Además, para las infraestructuras críticas, la autorización previa por parte de los órganos de seguridad es obligatoria y se excluye de los procesos a las compañías que no ofrecen garantías de trazabilidad y control nacional sobre los datos.
Estas medidas son complementadas, explicó Valcarce según publicó Europa Press, por una política activa de seguimiento de proveedores dentro de los sectores sensibles. El mando conjunto del ciberespacio y el centro criptológico nacional participan en los análisis de riesgo que evalúan no solo la seguridad tecnológica, sino también el posible grado de influencia o vinculación con gobiernos extranjeros. Los contratos se someten a mecanismos de supervisión continua que incluyen auditorías y comprobaciones técnicas para asegurar tanto la seguridad nacional propia como la interoperatividad con socios internacionales.
El diputado Hernando remarcó durante su pregunta que la actual estrategia híbrida de China plantea, según los informes gubernamentales, riesgos en dos ejes: la obtención de información sensible y la generación de redes de presión política. Frente a esas inquietudes, la secretaria de Estado defendió que la gestión de compras y contrataciones del Ministerio de Defensa se desarrolla bajo un marco jurídico estricto y controles continuos orientados a prevenir injerencias extranjeras o fugas de información, según reportó Europa Press.
Para Valcarce, todas estas exigencias y controles constituyen garantías efectivas de protección y se adaptan tanto a la evolución de los riesgos como a los cambios en la legislación europea en materia de ciberseguridad y defensa. Insistió ante la Comisión en que España ajusta su política de contrataciones a las recomendaciones de instituciones europeas y aplica estrictos criterios de seguridad desde la planificación inicial de los contratos hasta su completa ejecución y supervisión, como indicó Europa Press.