Una acusación popular pide al TS que procese a García Ortiz por revelación de secretos: "Nadie borra su inocencia"

La acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que concluya las pesquisas y procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la "abrumadora prueba" en su contra: "Nadie borra su inocencia".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la APIF pide al instructor del caso, Ángel Hurtado, que ponga fin a la fase de investigación y avance hacia la siguiente procesando a García Ortiz y a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presuntos delitos de revelación de secretos y, "en su caso", de prevaricación administrativa.

A su juicio, "la abrumadora prueba que existía, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se ha visto reforzada" por las declaraciones de los propios investigados, de los testigos y por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al hilo, si bien lamenta que "seguimos sin saber por qué el investigado Álvaro García Ortiz, sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil, sin trasladar la información", subraya que "nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente".

La APIF da especial valor al informe donde la UCO atribuyó una "participación preeminente" a García Ortiz en las presuntas filtraciones contra González Amador, en base a los mensajes y las llamadas que Rodríguez se intercambió en los días clave --del 8 al 14 de marzo de 2024-- con distintas personas del Ministerio Público, incluido el fiscal general.

De las declaraciones, la APIF destaca las testificales que, en su opinión, "corroboran, en relación con la nota de prensa publicada por Fiscalía la mañana del 14 de marzo de 2024, la imperiosa necesidad del señor García Ortiz --en colaboración con la señora Rodríguez-- de, en ilegítimo conocimiento de la información del expediente penal del querellante, sacar tales datos a la luz de manera urgente y detallada".

Además, critica que "la Inspección Fiscal o la teniente fiscal del Tribunal Supremo no han aportado ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito", algo que cree que habría sido "deseable", "dado que los datos estaban solo a su disposición". "Deja realmente en mala posición la dignidad del Ministerio Fiscal, que demuestra que no ha tenido ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados", recrimina.

DOS NUEVAS DILIGENCIAS

La APIF, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas, aprovecha su escrito para interesar también unas últimas diligencias. Por un lado, propone que la UCO determine si en el teléfono del fiscal general constan una serie de números de teléfono, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas.

Por otro lado, emplaza a Hurtado a requerir a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, recordando en este sentido que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que "debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado".

"Es evidente, de acuerdo con la prueba desplegada hasta el momento, que el inicio de esta 'dación de cuenta' fue más bien telefónico, pero también que la referida fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, señaló que debían existir dichos expedientes. Lo contrario sería atentar directamente contra" la ley, advierte la APIF.

La asociación de fiscales explica que, "como quiera que dichos expedientes deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente", "aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial, qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir y la motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones".

"QUÉ HACÍA ESPECIAL" A GONZÁLEZ AMADOR

Y, sobre todo, señala, "el qué hacía especial o digno de dación de cuenta al querellante, que recordemos que por aquellas fechas era un ciudadano prácticamente anónimo y cuya única relevancia ha resultado ser de quién era y es pareja, la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid".

Para la APIF, se trata de "actuaciones 'paralegales o alegales'" en tanto que la normativa impone a los fiscales el deber de informar al fiscal general de hechos que por su "importancia o trascendencia" deba conocer, pero indica que esto "nada tiene que ver ni con la tramitación de expedientes de más que dudoso respeto por la protección de datos de los ciudadanos (...) ni con la fundamentación de por qué respecto de determinados ciudadanos se recopila información y de otros no".

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que esa dación de cuentas se produjera desde la Fiscalía Provincial de Madrid al 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en vez de a su jefa, Ana Isabel García León.

A la espera de lo que resuelva el instructor sobre estas dos diligencias, la APIF sostiene que "concurre un acervo probatorio desmesurado en este caso" que permite seguir adelante con el procedimiento penal.