El fiscal general pide al Supremo que pare las filtraciones para frenar el "juicio paralelo" del que dice ser víctima

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que le investiga por una presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que adopte las medidas necesarias para evitar que se sigan produciendo filtraciones de la investigación judicial, al considerar que han dado lugar a un "juicio paralelo" que podría llegar a influir en el desenlace del caso.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado --en defensa de García Ortiz-- denuncia una "vulneración del derecho a un juicio justo y con todas las garantías y a la presunción de inocencia, por la construcción de un juicio paralelo que se está realizando por las acusaciones particular y populares en los medios de comunicación".

Los Servicios Jurídicos del Estado denuncian en concreto "filtraciones ilegales" del contenido de "las diligencias de instrucción e informes sobre los dispositivos electrónicos o de los mensajes privados --o ausencias de mensajes-- que en ellos se hayan encontrado" que señalan se han traducido en "una divulgación interesada y sesgada de esta información", calificándola incluso de "información hostil".

Aclaran que "no se pone en cuestión la necesaria publicidad de un asunto penal de la trascendencia e interés público que representa esta causa especial", sino una difusión que puede "crear un estado de opinión sobre el proceso y el fallo de tal manera que el público se forme la convicción de que la sentencia no pueda ser otra que la de la condena".

"Aunque ello no haya influido en la decisión del tribunal: pueden llegar a menoscabar, según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los jueces y tribunales, ya que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo puede influir en la decisión que deben adoptar", advierten.

Por ello, la Abogacía insta al instructor del caso, Ángel Hurtado, a que, "como garante de estos derechos fundamentales y del derecho a un proceso con todas las garantías, adopte las decisiones oportunas para impedir la difusión en los medios de comunicación de este tipo de informaciones (por) parte de las acusaciones particular y populares".

En concreto, le reclama "la adopción de medidas cautelares que permitan evitar que se produzcan nuevas vulneraciones de ese derecho a la intimidad o, al menos, que permitan acreditar de manera suficiente quién o quiénes pueden ser los profesionales responsables de estas filtraciones".

LA IMPARCIALIDAD DEL INSTRUCTOR

De no hacerlo, avisa a Hurtado de que "se estaría amparando este tipo de juicio paralelo", provocando "un menoscabo en la apariencia de imparcialidad del magistrado instructor al consentir la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y las decisiones a adoptar que puede influir en la decisión que deba adoptar".

La defensa achaca esta situación a "la exacerbación injustificada de las acusaciones", por lo que también pide a Hurtado que "se considere que estas actuaciones constituyen un abuso en el ejercicio de su derecho como acusación, que puede afectar gravemente a la marcha de la causa y, en consecuencia, y previo traslado a las partes, acuerde su agrupación en una sola acusación".

Además, solicita a Hurtado que abra una pieza separada en base al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite multar a quien "revelare indebidamente el contenido del sumario" con entre 500 y 10.000 euros.