Boye acusa al juez de Tsunami de abrir "una causa general contra líderes independentistas"

Madrid, 1 dic (EFE).- El abogado Gonzalo Boye ha acusado al juez del caso Tsunami de dirigir "una actuación procesal absolutamente errática, carente de cualquier base indiciaria y que podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes, dado su carácter prospectivo".

Así lo expone en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, que ha presentado este viernes en representación de Josep Lluís Alay, mano derecha del expresidente catalán Carles Puigdemont, al que Boye también representa.

En él rebate el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que el pasado lunes acordó nuevas diligencias dirigidas a probar el carácter terrorista de las protestas por la sentencia del procés en 2019.

Entre ellas, el juez ofrecía acciones a la familia del ciudadano francés fallecido en el bloqueo del aeropuerto de El Prat y pedía datos a la OTAN sobre las incidencias aéreas que pudo provocar.

Antes de entrar en el fondo del recurso, Boye expresa también su "sorpresa" y ·preocupación" por que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional continúe "actuando como si no se encontrase recusado por diversas partes, incluida esta defensa" en relación a las manifestaciones que hizo sobre la amnistía en un foro.

Recuerda que, según la ley, si bien la recusación "no suspende el curso de la causa, el juez recusado es sustituido por el legalmente llamado a hacerlo hasta que se decida la recusación", y advierte de que ese sustituto no puede ser el juez de refuerzo con que cuenta el Juzgado.

Tras cuestionar hasta "el tema del reparto para que todas las causas relacionadas con el independentismo catalán recaigan en este único juzgado", el abogado critica que el magistrado haya esperado cuatro años desde la apertura de esta investigación para pedir esas pruebas.

"Si esto no es una dilación indebida y una vulneración de la tutela judicial efectiva entonces desconocemos qué lo sería", plantea.

También se pregunta "el sentido" de que el juez primero pida al Supremo asumir esta causa por no poder él investigar a aforados como Puigdemont, para después "no tramitar los recursos pendientes" y, finalmente, dedicarse a acordar diligencias de todo tipo y mediante las cuales se pretende sustentar el relato de hechos contenido en la propia Exposición Razonada" al alto tribunal.

Denuncia así también la presunta tardanza del juez en tramitar los recursos contra su decisión de dirigir la investigación por terrorismo contra Puigdemont o la dirigente de ERC Marta Rovira. Entre ellos figura el de la Fiscalía, que este jueves urgía al magistrado a elevarlo a la Sala tras acusarle de incurrir en "dilaciones".

En cuanto a las nuevas pruebas solicitadas, Boye es especialmente crítico con la que de dirigirse a la OTAN, "a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para recabar las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT)".

De forma irónica acusa al juez de haber buscado en Wikipedia las funciones del SACEUR y lamenta que esta defensa "después de ingentes esfuerzos, no logra establecer cuál sería la conexión entre una manifestación ciudadana y las funciones que tiene encomendadas el SACEUR".

A no ser, prosigue, que el magistrado esté "indicando que las manifestaciones convocadas por Tsunami Democratic formaban parte de un ataque militar de fuerzas ajenas a la OTAN y que, por tanto, el SACEUR participó en la prevención de dicho ataque".

Se trata, añade, de una diligencia "no solo inútil, innecesaria e impertinente sino abiertamente dilatoria" y que "a efectos de titulares periodísticos, suena bien su inclusión".

"Ante un planteamiento de estas características lo que realmente debería preocuparnos es la imagen que se proyectará cuando en el epicentro de la defensa militar de Europa y Estados Unidos -en medio de conflictos bélicos como los que afectan a Ucrania, Siria o Palestina- se reciba una petición de estas características que igual alcanzaría un resultado más acorde a la realidad si lo buscáramos en un tablero de güija que en el seno del mando militar de la OTAN", bromea el abogado.

En cuanto al ofrecimiento, "cuatro años después", de acciones a la familia del hombre fallecido en el aeropuerto, Boye se pregunta si con ello se está planteando que esta familia tenga derecho a unas compensaciones económicas como víctima del terrorismo, "cuando todos sabemos que no son víctimas del terrorismo".

Y es que, pese a la información que también pide el juez sobre las circunstancias de su muerte, esta defensa sostiene que es "cosa juzgada", ya que el Juzgado de Instrucción nº 1 de L’Hospitalet de Llobregat determinó que fue una muerte por causas naturales y decretó el sobreseimiento libre de dicho procedimiento por no ser los hechos “constitutivos de delito”.

Respecto a que pida a la Junta Electoral Central datos de las actuaciones realizadas la jornada de reflexión de las generales del 10 de noviembre de 2019, Boye considera que "tirar la red de esta forma para ver qué se pesca es tanto como demostrar nuestra tesis de que estamos ante una investigación prospectiva". EFE

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