La Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, ha detenido a una conductora que llegó a un control bebiendo vino al volante y registró 1,51 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más de seis veces el límite permitido. La mujer ha sido denunciada por la vía penal y el vehículo ha quedado retenido, según ha contado este viernes la Agencia EFE.
Durante la intervención, los policías localizaron dentro del vehículo, al alcance de la mujer, un brik de vino blanco del que estaba bebiendo cuando llegó al control. La medición en el control duplicó ampliamente el umbral penal previsto en el artículo 379.2 del Código Penal y superó el máximo general de 0,25 mg/l. Los agentes describieron que la conductora presentaba una “acusada sintomatología compatible con encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas”.
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Por todo ello, en un caso que no necesitó de la intervención de Sherlock Holmes —desde el brik de vino a multiplicar por seis el límite permitido, pasando por la prueba visual que indicaba que estaba borracha, todo indicaba que la mujer tal vez se había pasado un poco—, la detenida enfrenta ahora un posible proceso penal.
Cuál es la multa por superar la tasa permitida de alcohol
Conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida acarrea en España sanciones económicas que van de los 500 a los 1.000 euros, además de la retirada de puntos del carnet, según establece la Dirección General de Tráfico (DGT).
La normativa fija límites distintos según el tipo de conductor. Para la mayoría de los usuarios de la vía pública, el umbral legal se sitúa en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, equivalentes a 0,25 miligramos por litro de aire espirado. Ese margen se reduce para los conductores noveles y los profesionales, que no pueden superar los 0,3 gramos por litro de sangre (0,15 miligramos por litro de aire espirado).
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Superar el límite permitido, pero sin rebasar los 0,5 miligramos por litro de aire espirado, implica una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir. Cuando la tasa supera esa cifra, la sanción se eleva a 1.000 euros y la retirada de puntos asciende a seis.
Estas sanciones se aplican en el marco de un control administrativo, es decir, sin que medie un proceso penal. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía pueden someter a los conductores a estas pruebas en controles rutinarios, tras un accidente de tráfico o cuando detectan una infracción que lo justifique. El Código Penal establece un umbral distinto al de la sanción administrativa: a partir de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, conducir bajo los efectos del alcohol deja de ser una infracción de tráfico para convertirse en un delito. En esos casos, la multa económica se sustituye por una pena de prisión.
La negativa a someterse a los controles de alcoholemia también constituye un delito contra la seguridad vial. Esta conducta conlleva una pena de prisión de seis meses a un año, junto con la privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores durante un período de entre uno y cuatro años.
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