
Renfe quiere poner en marcha un servicio pionero y consolidar otro que lleva tiempo ofreciendo. Ambos estarán dirigidos por psicólogos y el primero será para atender a las víctimas de accidentes ferroviarios (con el de Adamuz todavía bajo investigación judicial) y el segundo para los trabajadores testigos de incidentes que pueden ser traumáticos, como un arrollamiento. Hasta la fecha, la empresa pública encargada del transporte de pasajeros y mercancías de España solo había contratado dos servicios de atención psicológica (en 2014 y 2018) para atender a las víctimas del accidente del Alvia, que dejó 79 muertos y 143 heridos en julio de 2013 cuando un tren descarriló en Santiago de Compostela.
Pero este fue un caso puntual. Ahora, Renfe quiere que forme parte de los servicios fijos que presta la operadora, que la semana pasada empezó a licitar el contrato que tendrá un coste anual de 830.000 euros. El objetivo es ayudar de forma “inmediata y continuada” a las víctimas, sus familiares y a los trabajadores del Grupo RENFE implicados directa o indirectamente en la emergencia. Las estadísticas que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible revelan que entre 2006 y 2024 el tráfico ferroviario ha dejado 620 muertos y 425 heridos graves. Los datos oficiales no recogen las 46 víctimas mortales y 126 heridos del accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba).
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“El servicio deberá prestarse de manera presencial en todo el territorio nacional, garantizando cobertura operativa en todas las capitales de provincia y en cualquier ubicación que Renfe determine. Cuando la asistencia psicológica tras el accidente deba prestarse a afectados que se encuentren fuera de España, se realizará exclusivamente en modalidad telemática”, señala el pliego del contrato. El futuro adjudicatario deberá contar con el siguiente personal: un responsable del dispositivo durante todo el contrato, tres psicólogos en cada emergencia y luego psicólogos en los Centros de Atención a Familiares (CAF), suficientes para garantizar la eficacia del servicio con una ratio mínima de profesional por cada tres afectados, “ajustable según la magnitud del suceso”.

Eso sí, la prestación tendrá una limitación temporal. En lo que se llama fase de postemergencia la duración máxima será de seis meses desde la fecha del comienzo del tratamiento, pudiendo ampliarse de forma excepcional, previa valoración y autorización de la persona responsable de la atención psicológica del Grupo Renfe. “El servicio estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año”, exige el operador ferroviario. Renfe está dispuesto a pagar un fijo de 130.000 euros anuales y de un variable de 600.000 euros en función de las necesidades. El contrato es por tres años.
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570 arrollamientos
Luego está el servicio telefónico de asistencia psicológica para el personal del Grupo Renfe, que funciona desde el año 2016. La operadora ha licitado de nuevo este servicio en el verano por importe de 56.628 euros. “El objetivo es atender al personal que haya sufrido una agresión, ya sea física o verbal, así como al personal de conducción que, en el ejercicio de sus funciones, se vea implicado en un arrollamiento de personas o vehículos”. En la memoria de este contrato, Renfe revela que los datos registrados en los últimos cuatro años (210 agresiones y 570 arrollamientos) hacen prever que el número medio de empleados potencialmente destinatarios del servicio será de 200.
El contrato es de dos años. La empresa que se ha llevado la adjudicación debe ofrecer asistencia psicológica telefónica durante 12 horas diarias, en horario de 9 a 21 horas, los 365 días del año. Renfe ha tenido problemas con esta licitación, ya que intentó ponerla en marcha en marzo, pero tuvo que “desistir” del proceso por unas erratas en los pliegos y tuvo que volver a repetir todo el proceso.
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