Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

El futuro de las pensiones, la presión fiscal y la deuda pública se perfilan como algunos de los grandes desafíos económicos de España en vísperas de las próximas elecciones generales. En un contexto marcado por la polémica sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las promesas de rebajas de impuestos por parte de algunos partidos políticos, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, sostiene la necesidad de que el nuevo Gobierno que salga de los comicios mejore la recaudación, gaste de forma más eficiente y afronte reformas estructurales como la de la vivienda. Todo ello bajo una condición que considera clave para la economía: la estabilidad política.

Pregunta: El futuro de las pensiones en España se ha convertido en uno de los principales temas de la precampaña electoral y que más polémica está suscitando. Algunos miembros del PP han señalado que el actual sistema “va a colapsar”, mientras que desde Vox han asegurado que es un “zombi” y que “está quebrado”. ¿Es sostenible el actual sistema público de pensiones a medio y largo plazo o está quebrado, como apuntan desde Vox?

Respuesta: El sistema público de pensiones va a seguir funcionando. Es un sistema de reparto y, en los próximos años, con la jubilación de la generación del baby boom, se incrementará el número de pensionistas y el sistema sufrirá tensiones. Pero hay que trasladar un mensaje de confianza: el sistema público de pensiones no está quebrado va a seguir existiendo. Otra cuestión es que sean necesarios determinados ajustes, debido a la bonanza de las prestaciones de nuestro sistema, que es más generoso que el de otros países de nuestro entorno. Hay que buscar un punto de equilibrio. Yo traslado un mensaje de confianza, aunque este deba matizarse y, en algún momento, sea necesario tomar decisiones al respecto. Esas decisiones deberían centrarse más en la generosidad de las prestaciones que en los ingresos del sistema, para no hacer recaer una carga mayor sobre las generaciones jóvenes o sobre quienes están trabajando.

P: Siguiendo con las próximas elecciones generales, algunos partidos recogen en sus programas electorales propuestas para rebajar los impuestos. ¿Puede España permitirse estas rebajas? ¿Qué efectos tendrían sobre las cuentas públicas, la economía y los ciudadanos?

R: En tiempos electorales es muy fácil recurrir a los eslóganes, y el de la rebaja de impuestos vende mucho. Más allá de bajar o subir los impuestos, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema tributario. Tenemos que recaudar mejor, de modo que quizá podamos ingresar más sin incrementar la carga sobre los ciudadanos e incluso mejorarla. Nuestro sistema tributario presenta deficiencias que debemos tratar de solventar para seguir recaudando los recursos que necesita el Estado. Al final, los impuestos son recursos que se ponen a disposición de las tres administraciones —central, autonómica y local— para que puedan prestar servicios.

Tenemos que ver cómo hacerlo: si ampliando las bases imponibles, simplificando el sistema tributario y dotándolo de una mayor seguridad jurídica para que no sea tan cambiante... También debemos analizar por dónde se nos están escapando recursos que, al final, no acaban en las arcas del Estado. Todo ello permitiría mejorar la recaudación sin que disminuyeran los ingresos públicos.

P: ¿Otro de los retos de España es la consolidación de las cuentas públicas?

R: Sí. Existen desequilibrios entre los ingresos y los gastos públicos, aunque es cierto que se han corregido significativamente. Tenemos una deuda pública importante y, de alguna forma, debemos establecer una senda de consolidación fiscal que permita equilibrar las cuentas a medio plazo y reducir sustancialmente la deuda pública. No me preocupa tanto el volumen de deuda pública, pero, si en este momento surgiera una necesidad extraordinaria como la que se produjo durante la pandemia —algo que esperamos que no ocurra—, la capacidad de las administraciones públicas para hacerle frente estaría algo más debilitada debido al actual nivel de endeudamiento.

También hay que tener en cuenta que uno de los pilares del crecimiento económico de España en los últimos años han sido los fondos europeos Next Generation, cuya financiación terminará. Por lo tanto, tenemos que ver cómo consolidamos las cuentas públicas y reorientamos una parte del gasto. Esta es otra de las tareas pendientes. No se trata solo de recaudar mejor, sino también de gastar mejor, y en ello están implicadas las tres administraciones. Podemos mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público y, quizá, debamos empezar a introducir una cultura de la evaluación. Es decir, tenemos que analizar en qué estamos gastando y qué estamos consiguiendo con ese gasto. Debemos preguntarnos si alcanzamos los resultados al menor coste posible y si somos eficientes. Hay muchas cosas que hacer en el conjunto del sector público. Esta es una de las reformas pendientes y uno de nuestros retos estructurales.

P: ¿Qué consecuencias tendría para la economía española que, en las próximas elecciones generales, saliera elegido un Gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular?

R: Que salga elegido un partido de derechas o de izquierdas tiene importancia a la hora de aprobar determinadas medidas que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, en materia de política económica, España tiene que cumplir una serie de compromisos con la Unión Europea. Y menos mal que tenemos a Europa, que establece la ruta a seguir, reglas y limitaciones que hay que cumplir. Los países que forman parte de la UE tienen que encuadrar sus políticas nacionales dentro de las directrices europeas.

Por todo ello, de cara a las próximas elecciones generales no creo que existan grandes diferencias en política económica entre que gane un partido de izquierdas o de derechas. Lo que sí puede haber son diferencias en función de la estabilidad política que surja de estas elecciones, que es muy importante para el funcionamiento de la economía. Es cierto que existen matices entre ambas opciones, pero considero más importante que haya estabilidad política. La economía necesita confianza, y esa confianza, independientemente de la orientación política, depende de que quienes toman las decisiones conozcan las reglas del juego. Eso es lo que me gustaría que saliera de estas elecciones, estabilidad, más allá del color político.

P: ¿Qué consecuencias tendrá para la economía española la huelga general convocada para el 11 de noviembre?

R: En este momento España tiene problemas y somos conscientes de ellos, pero creo que una huelga general no ayudaría. Los problemas están encima de la mesa y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Si tenemos un problema con la vivienda, busquemos puntos de encuentro para empezar a recorrer el camino que traiga la solución, que no será corto, y poder ofrecer viviendas. Así evitaremos que, dentro de diez años, sigamos hablando de otro decreto fracasado.

P: ¿Cuáles deberían ser, a su juicio, las prioridades económicas del próximo Gobierno para mejorar las finanzas de los ciudadanos e impulsar el crecimiento del país?

R: Para que el crecimiento actual de España sea sólido y se mantenga en el tiempo tenemos que afrontar retos estructurales. Entre ellos destaca la vivienda por sus consecuencias sociales y económicas. Me parece una prioridad que debe liderar el nuevo Gobierno y que requiere un pacto de Estado en el que también estén implicadas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta es, para mí, la primera prioridad.

La segunda está relacionada con la productividad. Para mejorarla hay que actuar en muchos ámbitos, como la formación y las ayudas a las empresas destinadas a la innovación, la investigación y la internacionalización, para que puedan crecer y salir al exterior.

El tercer reto sería la consolidación de las cuentas públicas mediante la mejora de los ingresos. Esto no significa necesariamente incrementarlos, sino contar con un sistema tributario mucho más justo, fiable y seguro para los ciudadanos y las empresas que, en última instancia, aportan esos recursos.

En cuanto al gasto, tenemos que empezar a revisar cómo gastan las administraciones públicas. Ese gasto debe ser mucho más eficiente y eficaz, porque las administraciones tienen que cubrir necesidades de la ciudadanía relacionadas con las pensiones, la sanidad, la asistencia social, las infraestructuras... Estamos viendo que no siempre podremos atender esas prioridades incrementando los ingresos. Lo que tenemos que hacer es reordenar y priorizar el gasto, de manera que los recursos disponibles se utilicen con mayor eficiencia para afrontar las necesidades. Esas son las tareas que le encomendaría al nuevo Gobierno.