El Gobierno ha dado luz vede este martes a dos anteproyectos para adaptar la legislación nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio: una nueva ley de asilo, que sustituirá a la de 2009, y la reforma de la ley de extranjería. El anuncio llega tras la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio y, si el Congreso respalda estas propuestas, se agilizarán los procedimientos para expulsar a quienes entren de manera irregular a España o no cumplan los requisitos para obtener asilo. Ambas iniciativas se enmarcan en un contexto europeo de mayor endurecimiento de la política migratoria, con nuevas normativas y acuerdos orientados a reforzar el control de fronteras y a establecer criterios más estrictos para la admisión y el retorno de migrantes.
El objetivo del Gobierno, según ha explicado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, es contar con un sistema de protección “más ágil, eficaz, ordenado, con un enfoque garantista y de protección de los derechos humanos”. Sin embargo, las nuevas normativas incorporan restricciones como la limitación geográfica de la residencia y la unificación de los procesos para denegar el asilo y ordenar la expulsión, lo que permitirá acelerar las devoluciones. A continuación, te contamos los puntos más relevantes de la reforma.
Triajes en la frontera
A través de la reforma de la ley de extranjería, se introduce un triaje (control y registro inicial) en la frontera a todos los migrantes irregulares, que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos como las huellas o la imagen facial, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos. Hasta que no se completa este control, no se autoriza la entrada al territorio.
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Aunque la normativa europea permite que estos procedimientos se realicen en un plazo de hasta siete días, España establece en la reforma un límite de tres días, ampliable únicamente por decisión judicial.
Permanencia en instalaciones policiales
En algunos casos, quienes soliciten asilo tendrán que quedarse en dependencias policiales y bajo control de las autoridades antes de poder entrar oficialmente al país. Esta medida, previa al ingreso, facilita la expulsión si se rechaza la solicitud de protección internacional. El tiempo máximo que puede durar este proceso es de doce semanas. Cabe recordar que las solicitudes de protección internacional han pasado de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025, según los datos del Ministerio de Interior.
Los denominados procedimientos fronterizos se aplican a solicitudes presentadas en un país fronterizo, zonas de tránsito o tras cruces no autorizados de la frontera exterior, conforme a lo establecido en el reglamento europeo.
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“País seguro”
El documento aprobado por el Consejo de Ministros también aclara qué se entiende por “país de origen seguro” y cómo afecta a la admisión de solicitudes de asilo. Si una persona proviene de un país que España considera seguro, como Marruecos, su solicitud puede ser rechazada de forma automática. Lo mismo ocurre si ya tiene el estatus de refugiado en otro país o si reside habitualmente en un tercer país catalogado como seguro.
El pasado mes de febrero, el Parlamento Europeo aprobó cambios en la normativa de la UE sobre asilo con el objetivo de “facilitar que las solicitudes sean tramitadas con más celeridad”, de forma que creó una nueva lista de países de origen seguros en la que se incluyó a Marruecos, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India y Túnez, ya que se parte de la idea de que en estos lugares, en general, no existe persecución ni riesgo grave para sus ciudadanos o personas procedentes de otros países.
Protección por motivos de género
El Ministerio del Interior señala que la ley de asilo incorpora realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o la expresión de género y la discapacidad como causa de protección internacional. Además, se precisan los daños graves que justifican la protección subsidiaria.
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También se regulan procedimientos específicos para menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y víctimas de violencia. La ley contempla medidas para su escolarización, acceso al trabajo, asistencia sanitaria y condiciones materiales de acogida.
Cuándo entran en vigor
Aún no hay una fecha confirmada para la entrada en vigor de la nueva ley de asilo ni de la reforma de la ley de extranjería. Una vez aprobados los anteproyectos, ahora deben someterse al dictamen de distintos órganos constitucionales y consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos.
Una vez que estas instituciones emitan sus informes y el Gobierno revise e incorpore sus observaciones, los textos se aprobarán en segunda vuelta como proyectos de ley. Después, serán enviados al Congreso de los Diputados y al Senado, donde seguirán el proceso parlamentario de debate, enmienda y votación.
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(Con información de EFE)
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