Las mujeres negras están más expuestas a la violencia machista y a una mayor falta de protección institucional en España. Así lo revela un reciente informe elaborado por la Asociación Biznegra a través de un centenar de entrevistas en profundidad, que denuncia una doble vulnerabilidad: la violencia de género se agrava por el racismo estructural y una respuesta insuficiente de los sistemas públicos.
El estudio, titulado Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España, señala que entre 2003 y 2021 el 31% de los feminicidios registrados en el país afectaron a mujeres migrantes, a pesar de que este colectivo representa solo el 9% de la población femenina. El fenómeno, según el informe, revela una sobrerrepresentación de mujeres migrantes en las estadísticas de feminicidio, lo que sugiere un riesgo hasta cinco veces superior en comparación con las mujeres nacidas en el país. También subraya que los datos oficiales no consideran la variable étnico-racial, lo que invisibiliza la dimensión específica del racismo en la violencia de género.
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Las entrevistas recogidas por la Asociación Biznegra muestran cómo mujeres africanas, afrodescendientes y migrantes de América Latina sufren una violencia machista reforzada por estereotipos racistas. La imagen social de “fuerza” atribuida a las mujeres negras se convierte en una trampa, ya que se les exige resistir y callar, sostienen. Muchas relatan experiencias de hipersexualización y deshumanización, además de que su credibilidad suele ser cuestionada tanto en el ámbito privado como institucional. “A las mujeres blancas se las protege, a nosotras se nos exige resistencia”, resume una de las entrevistadas en el informe.
El miedo a denunciar, especialmente entre quienes carecen de permiso de residencia, y la falta de intérpretes en procesos administrativos y judiciales, constituyen barreras adicionales. Según la asociación, muchas mujeres negras enfrentan un trato condescendiente, revictimizador o abiertamente racista cuando buscan protección. Esta situación genera desconfianza y refuerza su desamparo ante la violencia.
“La resiliencia y el miedo terminan funcionando como mecanismos de supervivencia ante la falta de protección efectiva. Irónicamente, esta dinámica puede convertir la resiliencia en una violencia añadida cuando el sistema celebra que las mujeres resistan, en lugar de cuestionar por qué se ven obligadas a resistir tanto”, advierte el informe.
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La aplicación de leyes sigue siendo “limitada”
En materia legislativa, el estudio destaca que las leyes estatales y autonómicas han comenzado a incorporar los conceptos de “interseccionalidad” y “discriminación múltiple”, pero la aplicación real sigue siendo limitada. La mayoría de las normativas se refieren a una víctima tipo, sin contemplar las circunstancias de las mujeres racializadas. Solo algunas comunidades autónomas incluyen explícitamente el origen étnico y la situación migratoria en sus leyes de protección.
Además, añade el informe, la ausencia de datos desglosados por raza o nacionalidad y la escasa presencia de mujeres negras en el diseño de políticas públicas mantienen “puntos ciegos” del sistema.
Consecuencias en la salud mental
El estudio también alerta sobre las consecuencias de esta situación en la salud mental de las mujeres negras, que viven bajo una constante presión social y una sensación de hipervigilancia. El racismo institucional y la discriminación refuerzan el aislamiento y la indefensión, amplificando el trauma psicosocial, añade el documento, donde se subraya que “hablar de la violencia machista hacia mujeres negras no es fragmentar la lucha feminista, sino completarla”. “Si no ponemos en el centro a quienes más sufren, nunca lograremos una protección real para todas”, añade.
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Entre las recomendaciones, la Asociación Biznegra propone la recogida obligatoria de datos con perspectiva racial, la participación activa de mujeres negras en el diseño de políticas, intérpretes especializados en violencia de género, formación antirracista obligatoria para todo el personal y garantías legales que desvinculen la protección frente a la violencia del estatus migratorio. Estas medidas buscan cerrar la brecha estructural y ofrecer una respuesta efectiva a una población especialmente vulnerable.
El informe también considera prioritario que el Estado y las comunidades autónomas adopten un enfoque antirracista real en la lucha contra la violencia machista. Solo así, concluye la asociación, se podrá avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres, independientemente de su origen, puedan acceder a la protección y a sus derechos en igualdad de condiciones.
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