El pasado viernes fue un día de celebración para el movimiento vecinal y las asociaciones que han luchado durante casi cuatro años para evitar que la multinacional portuguesa Altri construya una fábrica de celulosa y fibra textil en Palas de Rei (Lugo), después de que la Xunta de Galicia anunció que iniciaba el proceso para archivar el expediente debido a que la empresa “no puede asegurar su conexión a la red eléctrica”. Pero, a pesar de la alegría, la plataforma Ulloa Viva, constituida por diferentes colectivos, también muestra cautela y asegura que su lucha no se detendrá hasta que el polémico proyecto “acabe enterrado definitivamente”.
La plataforma sostiene que su objetivo es lograr la denegación del proyecto, no su archivo, y recuerdan que la macrocelulosa de Altri cuenta con una declaración de impacto ambiental positiva otorgada por la Xunta en marzo 2025, con una validez de seis años. Advierten que, si el proyecto se archiva en lugar de denegarse, tanto la empresa como el Ejecutivo regional “podrían retomarlo en cualquier momento”, ya que esa declaración seguiría vigente.
“El problema del proyecto no se limita a la falta de conexión eléctrica, sino que lo consideramos perjudicial por su impacto ambiental, el riesgo de expansión de plantaciones de eucalipto y las posibles consecuencias para la salud. Y es por estos motivos por los que la Xunta debe denegar el proyecto”, indica a Infobae la activista Patricia Villarino, integrante de Ulloa Viva.
Según han señalado este lunes en rueda de prensa los abogados Pedro Trepat y Xoaquín Monteagudo, del equipo jurídico de la plataforma, el proyecto de Altri aún “tiene trámites pendientes”, como la solicitud de la empresa para captar agua del embalse de Portodemouros, expediente en el que la plataforma pidió ser parte interesada hace más de un año y “sin recibir respuesta hasta la fecha”.
“Vamos a a seguir reclamando acceso tanto a ese expediente como al de la Autorización Ambiental Integrada, que aún debe resolverse”, han aclarado.
Respecto al anuncio de archivar el proyecto debido “a la falta de conexión eléctrica”, los abogados también critican la falta de información por parte de la Xunta sobre estos trámites y anuncian que buscarán acceder al detalle del anuncio de la Consellería de Economía e Industria y a las alegaciones de la empresa.
Al equipo jurídico de la plataforma le resulta llamativo que la Xunta “anuncie el archivo del proyecto al mismo tiempo que abre un plazo de tres meses para presentar alegaciones”, anticipando así la resolución antes de concluir el proceso. “Este modo de proceder forma parte de la complicidad entre la Xunta y la empresa que hemos visto durante todo este tiempo. Parecen intereses negociados u obligados”, añaden los abogados.
En ese sentido, Villarino añade que la Xunta posee competencias en materia de medioambiente, territorio e industria, “y debe ejercerlas en defensa de la ciudadanía gallega, no en beneficio de una empresa ni de un reducido grupo que busca enriquecerse con este proyecto”. Por ello, desde la plataforma aseguran que volverán a movilizarse si es necesario.