Subida de pensiones, ayudas por la DANA y protección a vulnerables: las medidas que se derogan tras caer el decreto ómnibus

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el real decreto ley conocido como ómnibus, una norma que agrupaba varias medidas económicas, sociales y fiscales. La votación ha contado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, provocando que todo su contenido quede derogado y deje de aplicarse en cuanto el resultado se publique en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Este decreto había sido convalidado de forma provisional por el Gobierno a finales del año pasado y reunía iniciativas de diferentes categorías. Entre las más relevantes, figuraban la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables y la continuidad de varias ayudas vinculadas al coste de la energía, la fiscalidad y el apoyo a empresas y autónomos. Su rechazo implica que todas ellas decaen de forma conjunta, sin distinción.

Pensiones y escudo social en el aire

La medida con mayor alcance social es, sin duda, la subida de las pensiones. El texto recogía una revalorización del 2,7% en línea con lo establecido en el Pacto de Toledo, que recomienda mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Aunque el Ejecutivo ya ha abonado la nómina de enero con ese incremento, la falta de respaldo parlamentario obliga ahora a aprobar una nueva norma si se quiere garantizar que la subida se mantenga en los próximos meses. De no hacerlo, la actualización quedaría en el aire, algo que afecta a más de nueve millones de personas.

Otro de los pilares del decreto era la prolongación del llamado “escudo social” en materia de vivienda. La norma impedía, de manera temporal, los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad y prorrogaba esta protección mientras persistieran las actuales dificultades económicas. Con la derogación, desaparece esa salvaguarda, así como la prohibición de interrumpir suministros básicos como electricidad, agua o gas, a estos colectivos. También deja de aplicarse la extensión del bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz para hogares con rentas bajas.

El alcance económico de las medidas que decaen

El impacto se deja sentir igualmente entre los trabajadores por cuenta propia. El real decreto incluía la congelación de determinadas cuotas a la Seguridad Social y la ampliación de los umbrales que permiten tributar por el régimen de módulos, un sistema simplificado muy utilizado en pequeños negocios. Estas prórrogas buscaban dar oxígeno a los autónomos en un contexto de inflación elevada y costes en aumento. Al decaer la norma, se reactivan las reglas generales, con el consiguiente aumento de obligaciones para parte del colectivo.

En el ámbito fiscal, el texto ahora deroga contenía un abanico amplio de incentivos y alivios. Entre ellos destacaban las bonificaciones para la compra de vehículos eléctricos, una pieza clave de la estrategia para fomentar la movilidad sostenible, y diversas ayudas tributarias para personas y empresas afectadas por catástrofes naturales recientes, como inundaciones o incendios. También se eliminaba la obligación de que quienes perciben prestaciones por desempleo presentan la declaración de la renta, un cambio pensado para simplificar trámites a los parados con menores ingresos, que ahora queda sin efecto.

Y las empresas tampoco salen indemnes del rechazo parlamentario. El decreto prorrogaba un criterio contable excepcional que permitía no computar las pérdidas sufridas durante 2020 y 2021, los años más duros de la pandemia, a efectos de determinar si una sociedad debía disolverse por causa legal. Esta flexibilidad se extendía hasta 2026 y pretendía evitar cierres empresariales derivados de un impacto extraordinario y ya superado. Con la derogación, muchas compañías vuelven a enfrentarse a un marco más estricto.

La norma incluía además disposiciones específicas para determinados colectivos profesionales, como una cotización adicional que facilitaba la jubilación anticipada de bomberos forestales y agentes medioambientales. Esta medida también desaparece del ordenamiento con la caída del decreto.

Choque político y reto legislativo para el Gobierno

Desde el punto de vista político, los grupos que han votado en contra justifican su decisión señalando que el texto mezclaba asuntos muy distintos. Aunque algunos de ellos se han mostrado dispuestos a apoyar la revalorización de las pensiones en una norma específica, rechazaron un decreto que, a su juicio, incorporaba medidas controvertidas, especialmente en materia de vivienda.

Incluso entre los socios del Gobierno ha habido críticas al planteamiento, al considerar que ciertas protecciones trasladaban el coste a propietarios privados o que el escudo social debería tener un carácter permanente.