En Puertollano, Ciudad Real, un trabajador de Valoriza Servicios Medioambientales llevaba desde 2003 controlando los vehículos en la zona azul. Durante más de 20 años, supervisaba el estacionamiento regulado, revisaba matrículas y emitía alertas cuando los conductores no pagaban la tasa correspondiente.
Sin embargo, en junio de 2024, una investigación interna de la empresa sacó a la luz un comportamiento que terminaría con su despido: el uso indebido de una tarjeta de movilidad reducida y la manipulación del sistema de control para evitar pagar por su propio coche.
La empresa decidió revisar los registros del trabajador tras detectar irregularidades. Durante los seis meses siguientes, se constató que su vehículo no había registrado ningún pago de la tasa de la zona azul. Peor aún, el empleado utilizaba indebidamente su acceso al sistema de control de matrículas (OCR) para anular alertas generadas por su propio coche, lo que le permitía eludir sanciones y tasas.
“La tarjeta de movilidad reducida no le correspondía a él personalmente, incumpliendo tanto la normativa que regula la utilización y uso de la misma como la normativa establecida en la ordenanza de movilidad de Puertollano”, explicaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La defensa: un acuerdo “oral” de 17 años
El trabajador, que también era delegado sindical, alegó que existía un acuerdo verbal entre él y la empresa que le permitía aparcar sin coste, supuestamente vigente durante más de 17 años. Pero la dirección negó cualquier conocimiento o autorización: “Esta autorización en ningún caso se otorgó, y, por tanto, los trabajadores deben estacionar su vehículo particular fuera de la zona regulada o abonar la tasa por el uso”, afirmó la empresa.
Con las evidencias en la mano, la empresa decidió despedir al trabajador por incurrir de forma reiterada y continuada en dos faltas muy graves: la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de la confianza para eximirse del pago de la tasa. El tribunal avaló esta decisión y subrayó que, desde mayo de 2024: “La plantilla sabía de manera expresa que esas conductas no eran aceptadas por la empresa”.
No es la primera vez
La sentencia también menciona otros casos dentro del equipo de controladores. Una compañera fue sancionada en junio de 2024 por aparcar dos días en la zona azul sin ticket, aunque su sanción fue recurrida judicialmente. Esto refuerza que la empresa había dejado claro que no toleraría irregularidades en el cumplimiento de las normas de estacionamiento.
Los jueces concluyeron que la conducta del trabajador despedido constituía “un muy grave fraude”, al combinar el uso de una tarjeta ajena con la manipulación del sistema de control de matrículas. El caso sienta un precedente sobre la interpretación estricta de la buena fe contractual y la confianza que la empresa deposita en sus controladores, dejando claro que abusar de privilegios no queda impune, incluso para empleados con más de dos décadas de experiencia.
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