La Audiencia Provincial de Badajoz ha cambiado de febrero a finales de mayo de 2026 la fecha del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, candidato a las elecciones de la comunidad este próximo 21 de diciembre, tal y como ha avanzado El País. En total hay 11 investigados por prevaricación y tráfico de influencias.
El juicio oral estaba previsto para realizarse entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, pero el tribunal lo ha retrasado hasta el 28 de mayo “por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores”, según ha citado el mencionado medio. De esta forma, el juicio tendrá lugar los días 28, 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio del mismo año.
La acusación popular, formada por Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de cárcel por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.
La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno
Esta causa se centra en presuntas irregularidades en la contratación de Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, en la Diputación de Bajadoz en 2017, como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, presidida por el actual candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en los comicios de este 21 de diciembre. Tiempo después, esta plaza fue modificada y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la jueza instructora, la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.
El 30 de junio de 2017, el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, autorizó la contratación de Sánchez como personal de alta dirección. Esto le permitió acceder a un salario superior al de otros puestos similares. Sin embargo, según la acusación, una vez contratado, no ejerció las funciones propias del cargo, como por ejemplo, no acudir a su lugar de trabajo y que, cuando lo hacía, sus tareas estaban vinculadas más a sus proyectos personales, como el desarrollo de la iniciativa “Ópera Joven”, que a la gestión y coordinación de las actividades de los conservatorios de música.
Así mismo, la jueza instructora del caso considera que el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo se realizó en fraude de ley. Según señaló en su exposición dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el aforamiento repentino de Gallardo el día previo a la apertura del juicio oral vulnera el principio del juez ordinario predeterminado por la ley y provocará demoras en la causa debido al traslado de la competencia a un órgano superior.
Gallardo adquirió la condición de aforado el pasado mes de mayo, al convertirse en diputado autonómico, justo cuando la investigación por presunta prevaricación y tráfico de influencias estaba próxima a concluir.