Hablamos de pobreza energética cuando una familia no puede mantener unas condiciones mínimas de bienestar en su vivienda sin comprometer otros gastos esenciales. Significa no poner la calefacción para no disparar la factura y abrigarse con varias capas de ropa, o apagar el aire acondicionado en verano y abanicarse, o simplemente pasar calor por miedo a cuánto habrá que pagar de luz al final del mes. En España, millones de hogares sufren esta problemática, que está estrechamente vinculada al problema del acceso a la vivienda. Y es que un reciente informe de la Universidad Pontificia de Comillas revela que los hogares en régimen de alquiler son especialmente vulnerables.
El estudio, realizado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) con datos de 2024, muestra que las personas que viven de alquiler sufren mucho más que la media española a la hora de pagar la luz, el gas u otros suministros, y tienen mayores dificultades para mantener su casa a una temperatura adecuada. En otras palabras, los arrendatarios son quienes más sienten en su día a día los efectos de la pobreza energética.
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Así, según el informe, el 23,1% de los hogares en alquiler destina gran parte de sus ingresos al pago de suministros básicos como luz y gas, muy por encima del 15% registrado en el conjunto de la población española. La situación afecta especialmente a familias y colectivos más vulnerables a la subida de precios del mercado de la vivienda. Esto provoca un círculo de exclusión social que refuerza desigualdades ya existentes.
El alquiler dispara la vulnerabilidad: más gastos, menos bienestar
El análisis de la universidad compara varios indicadores que demuestran cómo el alquiler se ha convertido en un factor adicional de riesgo dentro de la emergencia energética nacional. Entre los hallazgos más destacados, se encuentran:
- El 29,9% de los inquilinos no logró mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, frente al 17,6% de todos los hogares españoles.
- El 21,8% de los arrendatarios tuvo retrasos en el pago de las facturas energéticas, mientras que el promedio nacional no supera el 10%.
En términos absolutos, estos porcentajes representan cerca de 2,5 millones de personas con problemas de confort térmico y 1,84 millones con dificultades para afrontar el pago de suministros básicos, según los datos de Comillas.
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Además, el informe subraya que, aunque la inflación energética se moderó durante 2024 y los precios de electricidad y gas se estabilizaron, la pobreza energética en los hogares en alquiler ha seguido aumentando en términos relativos. El indicador de pobreza energética oculta severa (HEP severo) se sitúa en el 13,14% entre los arrendatarios, frente al 9,53% de la media nacional.
El documento vincula esta tendencia a la situación actual del mercado inmobiliario, con los precios del alquiler muy tensionados, y con las familias destinando más del 70% de sus ingresos al alquiler, según la Fundación Foessa. Así, los hogares se ven obligados a recortar gastos en consumo energético y otros bienes esenciales, lo que hace más profunda la vulnerabilidad social. Con este panorama, la Universidad Pontificia de Comillas enfatiza que los hogares en alquiler requieren de seguimiento específico y políticas coordinadas que integren vivienda y energía para evitar que esta brecha se haga más grande.
Brechas territoriales y urgencia de políticas específicas para los arrendatarios
Asimismo, el análisis revela que hay diferencias según la región. Canarias, por ejemplo, registra hasta un 25,5% de pobreza energética, mientras que Asturias se sitúa en torno al 8,5%. Otras zonas con un porcentaje preocupante son Extremadura (26,9%), Andalucía (14,3%) y Murcia (13,5%). Aunque las medidas públicas como el bono social o la prohibición de cortes de suministro han mitigado parte del riesgo, la cobertura sigue siendo insuficiente para alcanzar a todos los hogares potencialmente afectados.
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Desde la universidad recuerdan que la pobreza energética no depende únicamente del precio de la energía. También influyen el tipo de vivienda, el régimen de tenencia y la capacidad de los hogares para ajustar ingresos y gastos. Además, la institución concluye que los hogares en alquiler representan el principal factor de vulnerabilidad ante futuras crisis energéticas y de vivienda. Por ello, insta a diseñar estrategias públicas específicas, centradas en este colectivo, que integren eficiencia energética, protección económica y políticas de vivienda asequible para prevenir un agravamiento de la pobreza energética en España.
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