El Congreso dice basta al pseudoperiodismo. Tras meses de tensiones con agitadores ultras este martes la Mesa del Congreso ha reforzado los criterios de acreditación para acceder como prensa. En el texto, aprobado con la mayoría que tienen en la Mesa PSOE y Sumar y la oposición del PP, al que ha tenido acceso Infobae España, dicta que no se acreditará a medios que tengan menos de 10 trabajadores, a canales de YouTube o cadenas de televisión de difusión digital. La respuesta ante agitadores como Vito Quiles, que ha protagonizado varias polémicas dentro de la Cámara Baja y que figuró en la candidatura a las últimas elecciones europeas de Se Acabó la Fiesta, el grupo de Alvise Pérez, ha llegado.
El documento cierra la puerta de manera explícita a blogs personales, páginas web particulares, canales de YouTube, perfiles en redes sociales y televisiones o radios de difusión exclusivamente digital. Tampoco se acreditará a departamentos de comunicación de partidos, sindicatos, instituciones o consultoras, para evitar conflictos de interés. En palabras de la propia Mesa, el criterio es que el medio esté “constituido como empresa informativa bona fide”, es decir, con independencia editorial, financiación transparente y una dedicación clara a la cobertura parlamentaria.
Como dicta la Mesa en el texto, hasta ahora, los criterios hasta ahora estaban “no escritos, admitidos y conocidos por todos”. “Estos criterios no han sido rígidos y se han ido adaptando conforme ha evolucionado el panorama mediático y las nuevas formas de ejercicio de la profesión periodística”, dicta el nuevo texto consensuado con la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Sin embargo, las cosas han cambiado.
Desde hace largos meses, en dicha cámara estaban acreditados agitadores de extrema derecha como Vito Quiles, por el pseudomedio de Javier Negre, EDATV. Por ejemplo, el pasado mayo varios redactores abandonaron la sala de prensas tras una de las ruedas de la Junta de Portavoces tras sus continuas interrupciones. A comienzos de julio, el Congreso ya tumbó el intento de PP y Vox de evitar la expulsión de los “periodistas ultra” del Congreso.
Prohibido el paso a ‘youtubers’ y los ‘seguimientos’
La regulación también distingue entre distintos tipos de medios. Podrán acreditarse periódicos impresos, revistas, agencias, radios con licencia administrativa y televisiones con concesión oficial. En el caso de los medios digitales, solo se admiten aquellos de ámbito nacional o autonómico, con publicación diaria de contenidos originales. Los medios locales o especializados únicamente podrán acceder con acreditaciones puntuales, y siempre vinculadas a asuntos de su territorio o temática.
Junto a los criterios de acceso, el documento desarrolla un régimen de movilidad y grabaciones dentro del Congreso. Solo las cámaras y reporteros gráficos podrán grabar dentro de la Cámara, mientras que los redactores no podrán tomar imágenes, aunque sí registrar audio con el teléfono o una grabadora. También queda prohibido el uso de móviles para grabar de manera encubierta sin haber solicitado previamente su permiso, así como captar documentos, pantallas u objetos personales de diputados y miembros del Gobierno. Por ello, no podrán producirse “seguimientos” al interpelado una vez que lo haya decidido. “Las grabaciones se realizarán desde las zonas habilitadas al efecto dentro de los edificios y dependencias parlamentarias, tanto en el Hemiciclo como en las salas de comisión o en cualquier otra dependencia”, añade el texto.
A partir de ahora, quienes pretendan cubrir la vida parlamentaria deberán presentar no solo la solicitud formal, sino también una declaración responsable en la que certifiquen el número de trabajadores de su plantilla, la situación de sus cuotas de Seguridad Social y los datos corporativos de contacto.
El voto en contra del PP
El Congreso también creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, para asesorar en materia informativa y elaborar informes previstos en el Reglamento. Estará integrado por representantes políticos, la Presidencia, la Secretaría General, la Dirección de Comunicación y dos periodistas propuestos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
En declaraciones a los medios de comunicación, fuentes del Grupo Parlamentario Popular, cuyos miembros de la Mesa han votado en contra, han afirmado que esto supone "un ataque sin precedentes al derecho fundamental a la libertad de información y a la independencia de los medios de comunicación“. Tachan al Gobierno de ‘controlar’ a los medios, ”vigilando y controlando sus actividades profesionales y haciendo responsables solidarios a los medios de comunicación por cualquier falta"
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