Tres responsables de una empresa dedicada a la producción de aperitivos, con sedes en los municipios lanzaroteños de Teguise y Tías, han sido detenidos por la Policía Nacional, acusados de explotar laboralmente a dos trabajadores marroquíes, a quienes sometían a extensas jornadas laborales y mantenían en condiciones insalubres.
Los dos empleados, en una situación administrativa irregular, fueron descubiertos tras una operación desarrollada el pasado 10 de junio con la colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Las Palmas, y que culminó el 26 de junio, según han informado a EFE fuentes policiales este martes.
Durante una primera inspección, las autoridades localizaron en la localidad de Nazaret, en el municipio de Teguise, a uno de los trabajadores, que residía en un cuarto sin condiciones mínimas de salubridad ni higiene.
Posteriormente, en una segunda intervención realizada el 26 de junio —tras declaraciones prestadas por los arrestados tanto en dependencias policiales como judiciales—, se halló al segundo trabajador en otro centro de la misma empresa ubicado en Tías, donde se comprobó que también era víctima de largas jornadas laborales sin reconocimiento de derechos básicos.
Los tres detenidos, de 66, 39 y 44 años, enfrentan cargos por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la integridad moral. Han sido puestos a disposición del juzgado correspondiente, tal como ha comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Por su parte, los dos inmigrantes han sido atendidos por los servicios sociales y permanecen a la espera de ser trasladados a un centro de acogida en la isla de Lanzarote.
Un patrón que se repite en otras provincias
El caso de Lanzarote se suma a una serie de investigaciones recientes en distintas comunidades autónomas, donde se han detectado situaciones similares de explotación laboral a inmigrantes en situación irregular.
En Ciudad Real, dos empresarios fueron detenidos por obligar a trabajadores extranjeros a jornadas de hasta 14 horas al día por apenas 15 euros semanales, sin contrato ni cobertura legal. Uno de ellos ya había sido investigado anteriormente por delitos relacionados.
En Galicia, la Guardia Civil investiga a tres personas por explotar a 82 inmigrantes en una finca agrícola. Las víctimas vivían en condiciones precarias, muchas sin contrato, y debían pagar por su propio transporte y alojamiento.
También en Navarra, la Policía detuvo a dos hombres por someter a trabajadores a condiciones extremas: jornadas de más de 17 horas diarias, alojamiento en tiendas de campaña o coches, y sueldos muy por debajo del mínimo legal. Las víctimas eran amenazadas y mantenidas bajo control para evitar que huyeran.
Por su parte, en Valencia, fue desarticulada una red criminal dedicada a la explotación laboral en el sector agrícola. Ocho personas fueron arrestadas por delitos de trata, amenazas, lesiones y omisión del deber de socorro. Los inmigrantes eran captados con falsas promesas y luego obligados a trabajar sin contrato, bajo vigilancia constante.
Estos casos reflejan un patrón preocupante en el que empresarios y redes organizadas se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes irregulares para obtener mano de obra barata, en condiciones que vulneran gravemente los derechos humanos y laborales. Las fuerzas de seguridad y la Inspección de Trabajo insisten en la importancia de denunciar este tipo de abusos para frenar su proliferación.
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