Las asociaciones ecologistas lo tienen claro. La decisión del Gobierno de expropiar los terrenos donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), supone “un paso fundamental” para que, tras 20 años de litigios judiciales, se proceda al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural del Cabo de Gata. Unos trabajos que, según informó este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podrían comenzar en el plazo de cinco meses “si no hay ninguna otra incidencia o interferencia”.
“Se trata de un paso muy importante en un procedimiento que lleva abierto desde hace casi 20 años, debido principalmente al incumplimiento de las sentencias judiciales por parte del Ayuntamiento de Carboneras -que ordenaban reclasificar el suelo como no urbanizable- y entendemos que la expropiación trata de salvar estas dificultades”, indica a Infobae España la responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez, que confía en que el Estado y la Junta de Andalucía se puedan poner pronto de acuerdo para que la demolición de este hotel, uno de los mayores símbolos de la burbuja del ladrillo y la depredación urbanística de la costa española, comience cuanto antes.
“Es la forma de desbloquear la inactividad e incumplimiento reiterado del ayuntamiento para poder seguir avanzando”, añade la abogada, quien considera, no obstante, que “esta intervención directa del Estado debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo”.
Cabe recordar que El Algarrobico, un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones, se construyó hace dos décadas a pocos metros del mar dentro de una zona de especial protección del Parque Natural del Cabo de Gata y no se ha derribado a pesar de que acumula varias resoluciones judiciales y sentencias que indican que es ilegal. Como se trata de un terreno púbico, según la Ley de Costas, no se puede construir nada nuevo en una franja de 100 metros desde la línea de costa y El Algarrobico se encuentra a tan solo 14 metros del mar.
La promotora podría solicitar una indemnización de daños
En opinión de Díez, el Ayuntamiento de Carboneras ha hecho caso omiso a las sentencias judiciales ante el temor de que Azata del Sol, la promotora del hotel, solicite una indemnización de daños. De hecho, la empresa “podría comparecer si lo considera necesario en el procedimiento de expropiación”, explica la abogada, aunque explica que habrá que esperar a tener más información del proceso tras la aprobación de este martes en el Consejo de Ministros de la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se ubica el inmueble.
Por su parte, la Junta de Andalucía ya señaló en enero pasado que tiene preparados los recursos presupuestarios para afrontar la demolición del hotel, según explicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de esa autonomía, Carolina España, quien precisó que el Gobierno autonómico se haría cargo del 50% de los costes de la actuación. “Es un asunto complicado, pero, desde luego, desde la Junta de Andalucía, la intención es que hay que demoler el hotel del Algarrobico y devolver el estado natural a la playa”, señaló la consejera, según informa Europa Press.
Los otros Algarrobicos en España
Este complejo hotelero no es, sin embargo, el único cadáver de hormigón que dejó el boom inmobiliario en España. Tras la crisis de 2008, muchas urbanizaciones quedaron inacabadas y numerosos edificios emblemáticos fueron abandonados a lo largo y ancho de todo el territorio. Ejemplo de ello son las llamadas Cúpulas de la Energía, que forman parte de la Ciudad del Medio Ambiente impulsada por la Junta de Castilla y León en 2003 en Garray, un pueblo a escasos 10 kilómetros de Soria. En este caso se trata de varios edificios, un proyecto residencial que incluía un polígono industrial que costó 52 millones de dinero público.
Al igual que El Algarrobico, las Cúpulas de la Energía se encontraban en una zona de especial protección medioambiental, y su construcción, tras la denuncia de organizaciones ecologistas, se paralizó en los tribunales, aunque sí se puso en marcha el parque empresarial. De hecho, el Gobierno autonómico que dirige el popular Alfonso Fernández Mañueco ha destinado más de 10 millones de euros para terminar las obras de cinco de las siete cúpulas, con el objetivo de revitalizar la economía de la zona, pero a día de hoy siguen sin estar terminadas.
También estaba destinado a ser un proyecto estrella el circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, que costó cerca de 300 millones de euros públicos, pero ya lleva 12 años abandonado desde que dejaron de celebrarse grandes premios. Y otros 16 años de abandono acumula ya el Pabellón de España que se construyó en 2008 para la Exposición Internacional de Zaragoza, un edificio singular que simula un bosque de bambúes con un denso entramado de pilares. Tras la muestra, que conllevó un gasto público de cientos de millones de euros, esos 8.000 metros cuadrados de edificio iban a albergar el Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático, pero el proyecto, al igual que otras iniciativas, terminó en el cajón. Su coste se elevó hasta los 30 millones de euros y, de momento, el espacio sigue vacío.