El uso del dinero en efectivo sigue reduciéndose debido al auge de las transacciones digitales. En la actualidad, los pagos con tarjeta, las transferencias electrónicas y los servicios como Bizum o PayPal están sustituyendo progresivamente el uso de billetes y monedas, hasta el punto de preferir pagar una barra de pan con el móvil, antes que con monedas.
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Ante esta transformación en los hábitos de consumo, la Agencia Tributaria debe adaptarse. En este contexto, el Gobierno español ha anunciado una nueva normativa con el objetivo de reforzar el control sobre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Una medida que obligará a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito a informar sobre aquellas operaciones que, por tarjeta, superen los 25.000 euros anuales.
Cuándo entrará en vigor
Según ha adelantado el medio español El Periódico, esta medida, que forma parte de un Real Decreto previsto para entrar en vigor en 2025, busca reforzar el control sobre las transacciones electrónicas en un contexto de creciente digitalización económica. Este enfoque no solo busca proteger los ingresos del Estado, sino también fomentar una mayor confianza en el sistema tributario entre los ciudadanos.
La primera declaración bajo esta normativa -si se termina de aprobar- se realizará en 2026 y abarcará los movimientos efectuados durante el año 2025. El objetivo principal de esta regulación es garantizar una mayor equidad en el sistema fiscal, asegurando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias y evitando prácticas ilícitas relacionadas con grandes transacciones.
El proyecto de Real Decreto ya ha pasado por un proceso de consulta pública, un paso necesario para recoger opiniones y sugerencias de los sectores implicados. El texto será remitido próximamente al Consejo de Estado, que deberá emitir un informe preceptivo antes de su aprobación definitiva.
Este proceso es clave para garantizar que la normativa cumpla con los estándares legales y administrativos necesarios, así como para asegurar su viabilidad técnica y operativa. Una vez aprobado, el decreto entrará en vigor en 2025, marcando un cambio significativo en la forma en que se supervisan las transacciones electrónicas de alto valor en España.
Qué tendrán que hacer los usuarios de tarjetas de crédito
Nada. Este nuevo control por parte de Hacienda no implicará ninguna gestión adicional para los usuarios. Serán los bancos los responsables de presentar los informes cuando corresponda, sin que los clientes deban realizar ningún trámite extra.
Como se ha indicado, las entidades financieras deberán elaborar un informe anual en aquellos casos en los que una tarjeta supere los 25.000 euros en operaciones. Este documento detallará el número de transacciones realizadas, los importes correspondientes y la identificación del titular de la tarjeta.
Además, la normativa busca supervisar no solo las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, sino también aquellas realizadas a través de otros métodos de pago electrónicos, como tarjetas virtuales, monederos digitales o tarjetas prepago.
El decreto tiene como finalidad reforzar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, dos desafíos que se han intensificado con la expansión de la economía global y el creciente uso de pagos digitales.