El grupo parlamentario Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de permitir que las personas que perciben prestaciones económicas por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados —total, absoluta y gran invalidez— puedan compatibilizar el trabajo con estas ayudas. La iniciativa, firmada por Aina Vidal Sàez, dirigente de En Comú y portavoz adjunta del grupo, busca modificar la Ley General de Seguridad Social “para garantizar la compatibilidad del trabajo con la percepción económica de las prestaciones económicas por incapacidad”.
Actualmente, la compatibilidad entre el trabajo y la percepción de pensiones por incapacidad permanente tiene restricciones. Las personas que tienen reconocida la incapacidad permanente total son aquellas en las que se inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta. De esta forma, es posible trabajar en otras tareas o funciones totalmente ajenas a las que generó la incapacidad. Sin embargo, las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, que son concedidas a personas con limitaciones más severas, tienen mayores limitaciones para compatibilizarse con la actividad laboral. En estos casos, se inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio; y en el de gran invalidez, el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más básicos de la vida, como vestirse, ducharse o comer.
Pero, ¿qué pasa si pese a tener estas incapacidades se quiere, por un casual, trabajar? Actualmente, la Seguridad Social dice que si se realizan trabajos susceptibles de inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, existe obligación ser dado de alta y cotizar. Además, cuando se alcanza la edad de jubilación, la normativa establece la incompatibilidad total entre la percepción de estas pensiones y cualquier tipo de empleo, sea por cuenta propia o ajena.
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La idea de Sumar: permitir la compatibilidad
Con esta proposición, la formación liderada por Yolanda Díaz insta al gobierno a modificar los artículos 194 y 198 y la disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley General de Seguridad Social con el objetivo de permitir la compatibilidad. Dichos artículos hacen referencia a los diferentes grados de incapacidad, así como las compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por incapacidad permanente.
Con ello, Sumar quiere garantizar que las personas que reciben prestaciones por incapacidad permanente puedan trabajar sin renunciar a sus pensiones, cumpliendo así con la recomendación número 18 del Pacto de Toledo, que promueve la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Dicha recomendación encomienda a la Seguridad Social la tarea de contribuir a que este colectivo pueda ejercer de manera efectiva sus derechos de ciudadanía.
Según Sumar, la medida ayudaría a facilitar la reinserción laboral de personas con discapacidad, permitiendo que puedan acceder al mercado laboral sin perder la protección económica que les brinda el sistema de pensiones. La reforma también busca adaptar la normativa a las realidades cambiantes del ámbito laboral, donde cada vez es más común la necesidad de medidas de conciliación y adaptaciones específicas en los puestos de trabajo.
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