Doce sesiones de juicio después y a falta de que la sentencia sea firme, ya se conoce la pena de cárcel que afrontará el chef español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta cometido el pasado agosto de 2023 en Tailandia.
Los restos de la víctima fueron hallados a comienzos de aquel mes en la isla de Pangan, donde ambos habían quedado para pasar unos días de vacaciones. Un año después y tras la confesión de asesinato por parte de Sancho, el tribunal le ha considerado culpable de los tres delitos por los que ha sido enjuiciado: el asesinato premeditado, el descuartizamiento y ocultación del cadáver; y la destrucción del pasaporte de la víctima.
El equipo jurídico de Arrieta quiso incidir en el agravante de asesinato premeditado, ya que este condicionante eleva la pena de homicidio. En Tailandia, el asesinato está castigado con 15 a 20 años de cárcel, e incluso cadena perpetua. Pero la premeditación puede elevar el castigo a la pena capital, que si bien está contemplada raramente es aplicada en el país del Sudeste Asiático.
Finalmente, el tribunal de Koh Samui ha rebajado la condena de pena capital a cadena perpetua, alegando que el acusado aportó evidencias que han ayudado a la resolución del caso y dijo que “sentía lo ocurrido” al término del juicio.
El fallo impone a Sancho el pago de una indemnización de unos 130.000 dólares a los padres de Edwin Arrieta por los perjuicios causados. Cabe recordar que la familia del colombiano no apoyaba la imposición de una condena a pena de muerte. El equipo jurídico de los familiares de la víctima pedía una indemnización de unos 760.000 euros por el “daño económico” que, según sus cálculos, le provocó el crimen del cirujano, ya que la familia dependía económicamente de él.
La sentencia aún no es firme, y ahora se abren dos posibles vías de recurso para las partes, una al Tribunal de Apelaciones y otra al Supremo, un proceso que suele demorarse un año, según han asegurado a EFE fuentes jurídicas.
El caso de Daniel Sancho en Tailandia no es el primero en el que un extranjero enfrenta cargos graves en este país, ni tampoco único caso español, como ocurrió con Artur Segarra, en un crimen también muy mediático que guarda muchas similitudes con el del chef.
Tailandia, un destino turístico muy popular, pero también ha sido escenario de varios casos en los que ciudadanos extranjeros han sido acusados de delitos graves, con desenlaces que a menudo han sido estrictamente observados por la comunidad internacional. El ministerio de asuntos exteriores español recuerda que cuando una persona viaja al extranjero, se atiene a las leyes y penas de ese país.
Casos de extranjeros con pena de muerte
Uno de los casos extranjeros más conocidos es el de Sandra Gregory, una ciudadana británica arrestada en 1993 por intentar contrabandear heroína fuera de Tailandia. Gregory fue condenada a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente conmutada por cadena perpetua, y más tarde, reducida a 25 años. Fue liberada en 2000 después de recibir un indulto real. Este caso fue un reflejo de la severidad del sistema judicial tailandés en casos de narcotráfico.
Otro ejemplo es el de los ciudadanos australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, miembros del grupo conocido como los “Nueve de Bali”, quienes fueron arrestados en 2005 por intentar contrabandear heroína a Indonesia desde Tailandia. En este caso, ambos fueron ejecutados en 2015 en Indonesia, a pesar de los esfuerzos diplomáticos por conmutar sus sentencias.