El Ayuntamiento de Barcelona detecta entre 300 y 400 anuncios ilegales de pisos turísticos al mes, que desactiva de manera inmediata de la plataforma en que se anuncia en el momento de detectarlos. Así lo ha confirmado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en la Comisión de Ecología y Urbanismo de este martes, en la que ha precisado que por esta vía han recuperado para uso de residencia habitual más de 3.400 pisos turísticos. “La contundencia en la inspección nos ha permitido mantener a raya la oferta ilegal de pisos turísticos”, ha asegurado Bonet, que dice que detectan esta cantidad de anuncios al mes de forma constante.
El consistorio barcelonés está diseñando un plan para eliminar en un periodo de cinco años los pisos turísticos con el objetivo de que pasen a ser de uso residenciales y paliar el problema de vivienda que existe en la Ciudad Condal, según informó su alcalde, Jaume Collboni, en una rueda de prensa el pasado 21 de junio.
Se trata del ‘Plan Viure’, que reunirá de forma transversal todas las políticas y actuaciones que hará el gobierno municipal para favorecer el acceso a la vivienda. En concreto, proyecta recuperar para uso residencial los 10.000 pisos turísticos que existen en Barcelona, para que en 2029 desaparezca “la figura del piso turístico tal como hoy la conocemos”, señaló el primer edil.
Con esta medida, el consistorio pretende solventar la escasa oferta de vivienda que ha provocado una subida a máximos históricos del precio del alquiler y de las compraventas. El coste de la vivienda ha aumentado un 68% en Barcelona en los últimos 10 años, mientras que la venta ha crecido un 38%. Por ello, el alcalde considera que “lo mínimo que se puede hacer es pensar cómo poner más vivienda pública y privada. Eso quiere decir “más oferta”.
Las protestas del PP y los propietarios
La decisión de Collboni de eliminar los pisos turísticos del Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT) y reducir el turismo en el centro de la ciudad ha generado críticas desde diversos sectores políticos y económicos. Alegan que ciudades como Venecia, Berlín o Ámsterdam, a pesar de imponer condiciones a los hoteles en áreas saturadas, no han reducido las plazas de alojamiento turístico.
Federatur, la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos, ha sido una de las entidades más críticas. Anteriormente, se opuso al Decreto ley de la Generalitat y apoyó al Partido Popular en su recurso ante el Tribunal Constitucional en febrero de 2024. Señalaron que la normativa afecta los derechos de propiedad y libertad de empresa protegidos constitucionalmente y que no debería regularse con un Decreto ley.
Además, consideran que el plazo de cinco años para extinguir las licencias es demasiado corto y cuestionan la urgencia del decreto. David Riba, presidente de la Federación, argumentó que llevar el caso al Constitucional era la única forma de defender sus intereses en un sector que mueve 21.000 millones de euros, un 9% más que el año anterior.
*Con información de Europa Press