En España, el derecho sucesorio permite heredar de una persona fallecida sin herederos. Para ello, basta con informar al Estado sobre la existencia de una herencia sin herederos. Este procedimiento puede resultar rentable, ya que cada año más de 100 millones de euros procedentes de herencias se quedan sin adjudicar en nuestro país, según el despacho de abogados Navarro y Navarro, y esa cantidad sube hasta los 1.000 millones de euros en el conjunto de Europa.
Estas herencias, llamadas yacentes, se producen cuando un fallecido no tiene herederos legítimos, no se les encuentra o han renunciado a la herencia. Para que estos bienes no se queden sin dueño, la legislación vigente establece que los ciudadanos conocedores de estos casos puedan denunciarlo ante la Administración Pública. En caso de que la denuncia sea correcta, los bienes se los adjudicará el Estado; asignando una parte al denunciante a modo de recompensa.
Derecho a premio
El denominado ‘derecho a premio’ consiste en una gratificación del 10% del valor del caudal hereditario obtenido tras proporcionar información relevante. Según datos citados por Newtral, entre 2015 y 2022 Hacienda ha distribuido cerca de dos millones de euros entre 125 informantes.
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Un caso ejemplar mencionado por el bufete Navarro y Navarro es el del administrador de una comunidad de propietarios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le reconoció una recompensa del 10% de una herencia por informar al Estado del fallecimiento de una persona sin testamento, cónyuge ni herederos, que residía en uno de los edificios que administraba.
Cómo cobrar las herencias yacentes
Obtener la recompensa del ‘derecho a premio’ requiere una investigación exhaustiva, ya que el informante debe demostrar que el fallecido no tiene familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y conocer todos los bienes del difunto. El procedimiento empieza con un escrito a la Delegación de Hacienda de la provincia donde el fallecido tuvo su último domicilio, adjuntando documentos como el certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades. También debe incluir un listado de bienes y derechos, así como un informe sobre las personas que administraban dichos bienes.
Una vez presentada la documentación, la Delegación de Hacienda realiza las comprobaciones necesarias para determinar los derechos del Estado sobre la herencia. Durante este proceso, la delegación conserva los bienes, inscribe los inmuebles en el Registro de la Propiedad y deposita dinero, títulos y acciones en la Caja General de Depósitos. El riesgo para el informante es que, si se encuentran familiares con derecho a la herencia, serán estos quienes la reciban, dejando al informante sin recompensa. Esto sucede en más del 95% de los casos denunciados.
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Si la administración pública investiga y concluye que no hay herederos legítimos, se emite una declaración administrativa de herederos a favor del Estado. Posteriormente, la Dirección General del Patrimonio del Estado decide sobre el premio al denunciante y su cuantía. Si se cumplen todos los requisitos y se reconoce la recompensa, Hacienda la pagará al informador, quien recibirá su correspondiente parte entre cinco y ocho años después.