El pasado 19 de enero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba que había dado la orden de crear un “grupo de trabajo” para declarar a los policías nacionales y guardias civiles como trabajadores “de riesgo”, una condición que conllevaría mejoras en las condiciones de jubilación de los agentes, que tras su retirada anticipada pierden hasta 700 euros mensuales respecto a un mosso o un ertzaina. Tres meses después, no se conoce avance concreto alguno que camine en esa dirección.
Los sindicatos policiales llegaron a desconvocar una reunión sobre la jornada laboral para exigir al director general de la Policía, Francisco Pardo, que compareciese ante ellos para dar cuenta de los trabajos encaminados a su reconocimiento como profesión de riesgo. El máximo responsable del Cuerpo, en una reunión celebrada el pasado 15 de mayo, solo pudo confirmar que se han construido los “cimientos” del proyecto, según explicaron los sindicatos que acudieron al encuentro (Jupol, SUP, SPP y UFP).
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Francisco Pardo aclaró que en los últimos tres meses el equipo de trabajo de Interior había solicitado “diversos datos” sobre los agentes que se acogen al régimen de la Seguridad Social y los que forman parte del régimen de clases pasivas, anterior a 2011. Se los habría pedido a las Direcciones Generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen directamente del ministerio que dirige Grande-Marlaska. Actualmente, esos datos se estarían “validando para poder contrastarlos” con los ministerios de Hacienda y Seguridad Social.
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Cabe recordar que el Defensor del Pueblo informó en junio de 2023, hace casi un año, del inicio de los trabajos para la jubilación digna de los agentes, que piden retirarse anticipadamente a los 59 años y sin pérdidas retributivas. Nueve meses después, el pasado mes de marzo, la institución dirigida por Ángel Gabilondo aseguró que los trabajos de las mesas técnicas habían comenzado “con retraso”.
El proceder de Interior ante las principales reivindicaciones de los agentes, como lo son la equiparación salarial y la jubilación digna previo reconocimiento como profesión de riesgo, han provocado la declaración de dos conflictos colectivos -la medida de presión más contundente que pueden llevar a cabo- por parte de tres sindicatos policiales. Uno de ellos, la Confederación Española de Policía (CEP), critica que el ministerio está “mareando la perdiz con los derechos” de los policías y guardias civiles.
Conflictos colectivos
Junto al CEP, los sindicatos Equiparación YA (EYA) y Alternativa Sindical de Policía (ASP) también presentaron un conflicto colectivo conjunto que desoyó Interior, por lo que las organizaciones demandaron al ministerio en la Audiencia Nacional, tal y como informó Infobae España. Ninguno de los representantes de los sindicatos en conflicto se sienta en la mesa de las reuniones del Consejo de Policía en señal de protesta por la postura de Interior.
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“Pasado un año -de la información del Defensor del Pueblo- seguimos teniendo promesas vacías de contenido”, denuncia el secretario general de EYA, Natán Espinosa. “No nos fiamos del Gobierno y tampoco vamos a seguirle su juego sentándonos en el Consejo de Policía para tramitar todas las normas que quiera cuando hay cientos de compañeros jubilándose todos los meses con 700 euros mensuales menos”, concluye.