El regreso a España de Carles Puigdemont está cada vez más cerca. La fecha de su retorno ha estado supeditada a la aprobación de la ley de amnistía que, a falta de su digestión en los tribunales, le dejará impune de todos los cargos por los que está investigado, entre ellos un delito de terrorismo.
El propio Puigdemont, candidato de Junts Per Catalunya a las elecciones catalanas este domingo, ya confirmó antes de conocer los resultados que acudirá al Parlament catalán para la sesión del debate de investidura, incluso si no es candidato a la presidencia del Govern. Esa sesión se celebrará, con toda seguridad, antes del próximo 25 de junio. Aunque la fecha sea anterior, los plazos para la aprobación de la ley de amnistía auguran que en ese momento ya estará en vigor.
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Puigdemont ha mejorado los resultados de hace tres años y medio, con el 100% de las papeletas escrutadas, pero no consigue el ‘sorpasso’ al candidato socialista gracias a lo que se había bautizado como ‘efecto Puigdemont’. La candidatura Junts+ ha obtenido 35 diputados, 3 más que en febrero de 2021, pero se han quedado lejos de los 42 del PSC.
Orden europea de detención
El texto pactado por el PSOE y Junts, con el apoyo de otros partidos como ERC, contempla la caída de todas las medidas cautelares contra personas investigadas por delitos relacionados con el procés independentista. Entre ellas está la orden europea de detención que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene activa como investigado por un delito de malversación por la financiación del 1-O.
Sin embargo, Puigdemont no las tiene todas consigo. Pese a que el PSOE y Junts se aseguraron de atar este cabo en la ley de amnistía, que permitiría la libre entrada del líder de la formación separatista en España, el propio candidato a president contempla el escenario de que pueda ser arrestado nada más entrar en territorio español. “No temo una detención, pero contemplo que pueda producirse”, afirmó en una rueda de prensa organizada por EFE.
“Le doy pocas probabilidades, también tengo que decirlo, pero conociendo la judicatura española no sé si podrán resistir esta pulsión de conseguir una imagen que han estado buscando desesperadamente durante seis años y medio y que no han podido obtener nunca”, prosiguió.
Un plazo de dos meses para aplicar la norma
Y es que, pese a que cabe esperar que la ley de amnistía quede aprobada definitivamente en el Congreso el próximo día 30 de mayo, una vez que entre en vigor, los jueces tendrán un plazo de dos meses para aplicarla y, presumiblemente, archivar los procedimientos relacionados con el procés. Ese margen hace que Puigdemont se plantee el escenario de la detención.
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Los tribunales también podrán presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que no paralizará la aplicación de la ley. Tampoco lo harán los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC), que tardará unos meses en pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
Pese a que ya ha confirmado que asistirá al debate de investidura en el Parlament catalán, tenga o no opciones de presidir el Govern, Puigdemont podría recoger su acta de diputado sin la necesidad de acudir presencialmente. Por ahora, Puigdemont ha emplazado a los republicanos a rehacer puentes para forjar “un Govern sólido de obediencia netamente catalana” pese a que la suma de ambos se queda en los 55 escaños, a 12 de la mayoría absoluta.
Durante la campaña había apuntado la posibilidad de, si el independentismo no sumara mayoría absoluta, intentar formar un Govern con mayoría simple pero “muy cohesionado y fuerte”.
El candidato de Junts solo podría ser detenido en virtud de la orden europea de detención emitida por el Tribunal Supremo, aunque también está investigado en la causa de Tsunami Democràtic como presunto autor de un delito de terrorismo.
*Con información de Europa Press