El Parlamento Europeo va a debatir el próximo miércoles 22 de noviembre la propuesta de ley de amnistía a los procesados por los actos relacionados con el proceso de independencia de Cataluña. Como parte de la estrategia de oposición del Partido Popular, en las instituciones europeas el Partido Popular Europeo ha reclamado que se incluyera en el orden del día el debate sobre este asunto.
La solicitud ha contado con el apoyo de los liberales europeos, donde están incluidos los diputados de Ciudadanos y de ECR, el grupo en el que votan los diputados de Vox. De este debate no saldrá ningún tipo de conclusión, ni tampoco decisión, aunque contará con miembros tanto de la Comisión Europea, como del Consejo.
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Más allá de los debates que han planteado que, de facto, no tienen ningún tipo de consecuencia, el Partido Popular y Ciudadanos han iniciado una campaña en las instituciones europeas que pasa por el envío de cartas a la cúpula de las instituciones supranacionales. Los populares han enviado misivas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
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La eurodiputada popular Dolors Montserrat cree que “Europa no puede mirar hacia otro lado y el PP hará todo lo que pueda y más que lo que pueda para parar esta hoja de ruta de demolición del Estado de derecho por parte de Sánchez”. Por su parte, el también eurodiputado y líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez, sostiene que “Los valores de la Unión son un límite democrático que no se debe rebasar, incluso para aquellos que no tienen ningún límite para intentar seguir aferrados al poder”.
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Carta a Bolaños y Llop
Por su parte, el Ejecutivo en funciones se ha limitado a enviar a la Comisión Europea una copia del proyecto de ley con el objetivo de que sean los comisarios de la Comisión Europea los que valoren el texto y esgriman sus conclusiones. La petición por parte del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, habría pedido al Gobierno el proyecto después de recibir multitud de peticiones, aunque ya ha reconocido que “en principio” entre los líderes europeos no hay preocupación, que simplemente habían trasladado al Ejecutivo de Sánchez la preocupación ciudadana.
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La presión de los conservadores en la Unión obligó a Reyders a enviar una carta tanto al ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Una misiva que provocó incomodidad en el Ejecutivo, ya que, aún, el texto de la proposición no se había hecho público.
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Más allá del comisario europeo de Justicia, también hay otros líderes de la Unión, como el vicepresidente de la Comisión para Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, también se ha pronunciado sobre el asunto: “Hay desarrollos en la esfera política en este país que estamos siguiendo de cerca y vamos a valorar estos programas como siembre basándonos en los hechos y en la ley”.
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