La ampliación de regadíos del Parque Nacional de Doñana tendrá que esperar. La visita de la ministra Teresa Ribera al presidente de la Junta de Andalucía ha servido para que, con cordialidad y sin cruces de declaraciones, la proposición de ley de PP y Vox quede pospuesta hasta nueva orden para que un grupo de trabajo analice la norma que se pretende aprobar, que secaría aún más el humedal de Doñana, un paisaje protegido y necesitado de políticas medioambientales que protejan la zona.
El encargado de hacerlo oficial ha sido Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el máximo defensor de esta ley ahora paraliza: “Hay que escuchar a todos los sectores. Por tanto, hemos dado los primeros pasos y anuncio que mañana la mesa del Parlamento, donde se tiene que decidir cuándo se lleva a debate la ley de la ordenación de la corona norte, lo vamos a posponer. Lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar y conversar y proponer. En definitiva, de poder avanzar”, ha asegurado el presidente y líder del Partido Popular.
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“Espero que el diálogo sea fructífero, honesto y sincero. Ambos equipos vamos a tirar de capacidad y audacia para intentar buscar soluciones a problemas enconados y complejos. Esta misma semana se pone en marcha un grupo de trabajo con el equipo de la vicepresidenta, encabezado por el secretario de Estado y el Consejero competente en Andalucía”, ha asegurado Moreno.
Por su parte, Ribera ha dicho que es el momento de estar “a la altura de las circunstancias” y que “también es importante escuchar a quienes viven en este territorio, siempre respetando la legalidad medioambiental”. La ministra ha anunciado un mes de plazo para presentar el marco de actuaciones de desarrollo para escuchar a todo el mundo “a lo largo de la próxima semana”. “Esperamos poder tener una reunión con todos los representantes que quieran conocer las propuestas en las que estamos pensando”, ha asegurado la ministra.
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En las horas previas a la reunión, Ribera era contundente en sus declaraciones y aseguraba que Doñana no cedería “ni media hectárea más para regadíos”. Los últimos movimientos del Partido Popular y Vox no auguraban esta paralización, puesto que en la última comisión parlamentaria no cedieron ante ninguna de las enmiendas propuestas por los movimientos ecologistas y aseguraban que la ley seguiría adelante a pesar de las críticas. Hace unos meses, la UNESCO amenazó con retirar el reconocimiento de Doñana si la ley entra en vigor y la propia Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción. Aun así, Moreno no se había echado atrás la proposición de ley.
La ley daba prioridad a la rentabilidad económica a corto plazo y permitía que en una zona protegida fuera posible la explotación para los cultivos de regadío. Esta estrategia degradaría el ecosistema, bastante descompuesto ya por la acción del hombre y el cambio climático. El Gobierno de PP y Vox optó por contentar a los agricultores a corto plazo, situación que no es sostenible dado el estado de desertificación que sufre Doñana, un espacio protegido que necesita políticas que frenen su destrucción.