El coste provisional del uso de las lenguas cooficiales alcanza los 53.500 euros solo en material técnico y hasta diciembre. Eso sin tener en cuenta las contrataciones puntuales de los traductores que sean necesarios para los plenos previstos y que están por venir hasta finales de año, según han informado fuentes de la Presidencia del Congreso.
Esta cifra incluye la compra de 450 auriculares –el Congreso ya disponía de otros 200– para los diputados, los invitados a la tribuna y los periodistas (7.600 euros IVA incluido), y del alquiler de petacas y aparatos de radiofrecuencia (45.900 más IVA). También, se colocarán dos televisiones en los dos extremos del hemiciclo para facilitar la traducción de las intervenciones en los idiomas cooficiales al castellano, cuyo uso se implementará a partir del pleno de este martes en la Cámara Baja.
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Estas fuentes indican que dicha propuesta, remitida por la Secretaría General del Congreso, será aprobada previsiblemente con los votos de PSOE y Sumar (el PP está en contra) en la reunión de la Mesa de este martes, justo antes de que comience el Pleno que debatirá la proposición de ley para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.
La norma, presentada por el PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas (a excepción de Junts, que la apoya, pero no firmó la iniciativa), será debatida en tramitación directa y en lectura única este martes en un Pleno extraordinario, por lo que será aprobada de manera exprés el jueves por una amplia mayoría sin necesidad de que pase por la Comisión de Reglamento (aún no se ha constituido).
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Desde la Presidencia, liderada por la socialista Francina Armengol, se insiste en la idea de que se facilitará toda esta tarea al máximo para que “todos puedan hablar en las lenguas reconocidas por los estatutos y que todo el mundo pueda entenderlo”. A partir de este martes, además del castellano, sus señorías podrán intervenir en los plenos en catalán, euskera y gallego. También, los diputados que quieran hablar en aragonés, aranés o asturiano podrán hacerlo, aunque en este caso, deberán traducirse ellos mismos.
El texto legislativo que se aprobará previsiblemente este jueves establece el derecho de los diputados y diputadas a usar cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluido la presentación de escritos. Asimismo, la iniciativa prevé un plazo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano.
Mientras tanto, además de estos materiales adquiridos con el dinero procedente del Fondo de Remanentes Presupuestarios del Congreso, el Congreso creará una bolsa con de 12 de los 25 traductores de los que dispone el Senado. Para cada pleno habrá tres como mínimo, aunque su contratación responderá a las necesidades de cada sesión plenaria. Estas fuentes añaden que la contratación será por horas, uno por uno, y hasta el máximo de horas de un contrato menor (hasta los 15.000 euros), mientras que el precio variará según la tarifa del personal contratado (entre 80 y 100 euros por hora).