El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha decidido adelantar las elecciones en la Comunidad tras acusar a sus socios de Gobierno de traición al tratar de negociar los presupuestos con fuerzas políticas de oposición.
Mañueco ha destituido a todos los consejeros de su Gobierno que pertenecían a ciudadanos, ha firmado el decreto de disolución de las cortes regionales y ha convocado a las urnas a los ciudadanos, que deberán elegir nuevo Gobierno el próximo 13 de febrero. “Las opciones eran moción de censura o elecciones”, ha dicho el presidente de Castilla y León en una comparecencia pública para explicar su decisión.
Mañueco ha acusado a sus socios de Gobierno de “traición. El chantaje de apoyos por privilegios funcional con [Pedro] Sánchez [presidente del Gobierno español], no conmigo”.
El presidente castellano-leonés ha añadido que “si alguien ha creído que iba a vender el interés del conjunto” de la Comunidad “por mantenerse en el sillón, se equivoca de principio a fin”.
El adelanto electoral ha sorprendido a un país que entra en una semana decisiva de vacaciones de Navidad marcada por la sexta ola de Covid, con los contagios disparados y las UCIs (Unidad de Cuidados Intensivos) empezando a saturarse.
Lo previsto era que el adelanto electoral se produjera en Andalucía, no en Castilla y León. Las dos grandes formaciones políticas del país, PSOE y PP, habían puesto su foco en esta Comunidad como primer escenario de la batalla que debe concluir en las elecciones generales previstas -si no hay adelanto- para finales de 2023 o principios de 2024.
El argumento fundamental de la decisión de Mañueco radica en la dificultad, dijo, de sacar adelante los presupuestos de la Comunidad con sus socios de Gobierno. Además, ha advertido de la posibilidad de que el PSOE impulsara, ante las tensiones del Gobierno, una moción de censura con “el apoyo de Podemos, Ciudadanos, tránsfugas [del PP] y miembros de otras fuerzas políticas” con representación en las Cortes autonómicas.
Sin embargo, el hasta esta misma mañana vicepresidente de la Comunidad, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha vertido durísimas críticas contra Mañueco. “¿Qué cojones piensas de tú población? ¿Qué categoría humana tienes?”, ha dicho Igea en referencia a una convocatoria electoral y una remodelación de Gobierno en plena pandemia.
De hecho, esta crisis supone la destitución de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, perteneciente a Ciudadanos, cuando los casos de Covid se han disparado en España, que tiene una incidencia grave, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Si bien el presidente tiene la potestad de disolver el parlamento autonómico y adelantar los comicios, Castilla y León tiene tasada la celebración de elecciones por ley y estas se volverán a celebrar el cuarto domingo de mayo de 2023.
Es el mismo caso de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, disolvió el parlamento el pasado mes de marzo y convocó elecciones para el 4 de mayo argumentando la amenaza de una moción de censura de Ciudadanos y PSOE que la hubiera desalojado del Gobierno regional.
Ciudadanos considera que “Mañueco no es un hombre de bien” al provocar una crisis en plena ola de Covid, “con el sistema sanitario tensionado. Una persona que convoca elecciones en este momento deshace toda la política sanitaria, pone en riesgo a la población por el interés partidista. Pone en riesgo a la comunidad, es una absoluta irresponsabilidad cuya única razón es el interés partidista”.
Igea vincula la decisión de Mañueco a las crisis internas del propio Partido Popular, que en las últimas semanas se han extendido por parte del territorio nacional. En Madrid, en Castilla y León -con grupos de tránsfugas que han abandonado el partido- y con la decisión pendiente de las elecciones en Andalucía, el gran test electoral de Casado antes de todos los comicios municipales ya autonómicos de 2023.
El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha afirmado que una “moción de censura” contra Mañueco era inviable, que los presupuestos “estaban acordados al 99%” y que le problema que ha llevado al presidente a disolver las cortes regionales radica “en que el PP no quería ceder ante una escisión de su propio partido en una provincia [Zamora] en la que tienen un problema interno”.
Como se ha dicho, todas las comunidades autónomas tienen potestad para adelantar las elecciones, pero sólo cuatro lo pueden hacer sin cambiar el calendario electoral fijado por la Constitución. Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, consideradas comunidades históricas, no tienen el mismo régimen temporal de elecciones. El resto, aunque las adelanten, tienen que volver a celebrarlas en la fecha fijada: el cuarto domingo de mayo una vez cada cuatro años.
Con esto, la legislatura que se inicie con el nuevo parlamento que salga de las urnas el próximo 13 de febrero durará sólo un año.
El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha mostrado su apoyo a su candidato en Castilla y León y ha dicho que “estaba informado” de los movimientos que se iban a producir.
Este adelanto electoral pone el foco ahora en dos puntos: primero, el posible adelanto electoral en Andalucía; segundo, el futuro de Ciudadanos. El partido que lidera Inés Arrimadas vive una crisis que, según todas las encuestas, puede desembocar en su desaparición.
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