Un estudio privado en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encontró enormes diferencias entre las políticas y los resultados de los sectores agrarios de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuatro socios plenos del Mercosur, que en las últimas dos décadas tuvieron trayectorias agrícolas muy diferentes que cambiaron la participación de cada país en el bloque.
Según datos del USDA, en conjunto los cuatro países explican cerca del 17% de la producción mundial de los principales cultivos, casi el doble que a comienzos de siglo, pero la participación de la Argentina en la producción del bloque cayó del 42% a menos del 30%, precisa el informe de Giuliana Dellamaggiore, Emilce Terré y Julio Calzada, investigadores de la Bolsa de Comercio de Rosario.
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Los cuatro países expandieron su producción agropecuaria, pero con diferencias en las fuentes de ese crecimiento, dice una suerte de síntesis de los hallazgos. En Brasil, las ganancias de productividad explicaron cerca de dos tercios del aumento de la producción, mientras que en Argentina el crecimiento se sustentó en una mayor utilización de recursos, con una productividad prácticamente estancada.
Argentina es el único país del bloque que aplica derechos de exportación (DEX) y, entre 2009 y 2022, el productor recibió por la soja, el maíz y el trigo un precio promedio 20% inferior al internacional
Esas trayectorias, destacan los autores, coincidieron con marcos de política muy distintos. Argentina es el único país del bloque que aplica derechos de exportación (DEX) y, entre 2009 y 2022, el productor recibió por la soja, el maíz y el trigo un precio promedio 20% inferior al internacional, mientras que los productores de Paraguay y Uruguay recibieron el precio pleno y los brasileños uno incluso levemente superior al internacional, en virtud de medidas de apoyo al sector.
Distintos instrumentos
Además, los países del bloque desarrollaron distintos instrumentos de promoción de inversiones, financiamiento, investigación agropecuaria y gestión del riesgo climático. Un estudio previo de la BCR había examinado cuánto apoyo reciben los productores de cada país, siendo Argentina el único caso en el que el Estado transfiere recursos desde el productor hacia el resto de la economía.
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Lo que el nuevo estudio aborda son los diferentes tipos de apoyo y su relación con el desempeño productivo de cada país. Al respecto, los autores citan un estudio del USDA de este año según el cual entre los trienios 2000-02 y 2020-22 la producción agropecuaria creció a un ritmo anual de 3,9% en Paraguay, de 3,2% en Brasil, de 2,4% en Uruguay y de 2,3% en Argentina. Además, al descomponer ese crecimiento según el aporte de cada factor productivo (insumos, capital, trabajo, tierra) los insumos hicieron el mayor aporte en los cuatro países. El capital tuvo un aporte relevante en Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que el trabajo presentó aportes negativos y la tierra tuvo una contribución acotada.
La diferencia más marcada es la evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF), la parte del crecimiento de la producción no explicada por la mayor utilización de los factores productivos que, como residuo, mide las ganancias de eficiencia asociadas a la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas de manejo.
Allí las diferencias entre países son importantes. En Brasil la PTF creció un 2,1% anual y explicó cerca de dos tercios del aumento de la producción, en Paraguay creció un 0,9% anual y explicó cerca de un cuarto y en la Argentina, en cambio, se estancó e incluso retrocedió en la última década. La producción aumentó solo por un mayor uso de recursos.
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En parte, señala el documento, algunas ganancias de productividad se deberían a la difusión del doble cultivo, como el caso del maíz de segunda o safrinha, que en Brasil pasó de representar el 19% del área de maíz en 2000/01 a casi el 80% en 2025/26, con un aumento de superfie de 14 millones de hectáreas. Paraguay, con un esquema similar, duplicó el área maicera. En la Argentina, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la soja de segunda pasó a cubrir cerca del 80% de la superficie de trigo, pero como el área triguera se mantuvo estable, la superficie bajo doble cultivo creció solo en 2 millones de hectáreas.
La intensificación del uso de la tierra depende a su vez de la adopción de nuevas tecnologías sea rentable para el productor. “Sembrar una segunda vez, fertilizar más o incorporar nuevas variedades requiere inversiones que dependen de los precios esperados, el acceso al financiamiento y el conocimiento disponible, este último condicionado a su vez por la inversión en investigación. Es a través de estos canales que las políticas públicas pueden incidir sobre la PTF”, dice un pasaje del estudio, que cita un análisis del BID sobre la relación entre los distintos tipos de apoyo al sector y la productividad total. Según esos resultados, las políticas que operan a través de los precios y generan brechas entre el precio interno y el internacional afectan negativamente la productividad, mientras la inversión pública en investigación tiene un impacto positivo, aunque a largo plazo.
Pagos directos vs retenciones a la exportación
También los pagos directos al productor mejoran la productividad. Como ejemplo de eso, el estudio subraya que Brasil, vía pagos directos al productor y servicios generales (investigación, extensión, sanidad e infraestructura) aporta casi el triple que la Argentina, que en lugar de sostener el precio que recibe el productor, lo reduce.
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En materia de tributación, los cuatro países gravan su actividad agropecuaria por vías distintas. En Brasil, las exportaciones están exentas del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios. En Paraguay, el sector tributa el Impuesto a la Renta Empresarial un 10% de la renta neta, y los productos agrícolas en estado natural tienen una tasa reducida de IVA del 5%. En Uruguay, los productores agropecuarios tienen opciones entre un impuesto que grava la renta neta al 25% y otro que grava las ventas de compradores extra-sector con una tasa básica de hasta 2,5% según el producto, más adicionales.
“Argentina es el único de los cuatro que aplica, además del impuesto a las Ganancias y de los tributos provinciales, retenciones sobre las ventas externas de granos y sus derivados. A este instrumento se sumaron restricciones cuantitativas a la exportación, que comenzaron a implementarse con la carne vacuna en 2006 y se extendieron desde 2008 al trigo, al maíz y a la leche. Estas medidas fueron eliminadas en 2015 y volvieron a implementarse entre 2020 y 2023”, enfatiza el documento. En Paraguay los precios internos siguen a los internacionales, en Uruguay las políticas de sostén de precios se concentran en productos como el pollo y la papa y Brasil aplica una política de garantía de precios mínimos por la cual el Estado compra la producción o compensa al productor si el precio de mercado cae por debajo de un mínimo fijado para un grupo de productos.
Entre 2009 y 2022, el productor argentino recibió alrededor 19% menos que el precio internacional, mientras en Paraguay y Uruguay recibió valor pleno y en Brasil superó levemente ese nivel
Para medir el impacto conjunto de las diferentes políticas sobre precios el estudio refiere coeficientes de protección nominal (CPN) que comparan el precio interno que recibe el productor con el de frontera. Un valor de 1 indica que ambos coinciden y uno menor a 1 que el productor recibe menos que el precio internacional. Entre 2009 y 2022, el CPN o protección nominal promedio de soja, maíz y trigo fue de 0,81 en Argentina, lo que implica que el productor recibió alrededor 19% menos que el precio internacional, mientras en Paraguay y Uruguay fue de uno y en Brasil superó levemente ese nivel.
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En rigor, esos datos subestiman la mochila con que carga el campo argentino, pues no incorporan el efecto de la brecha cambiaria en Argentina “que obligó a liquidar exportaciones a un tipo de cambio inferior al de mercado”. Al respecto, el estudio de la OCDE de este año calculó que tras la introducción de controles cambiarios a comienzos de 2020 esa brecha alcanzó un máximo del 89% en 2022 y se redujo a alrededor del 10% en 2024 y 2025. “Adicionalmente se sumaron distintos regímenes de control de importaciones entre 2008 y 2023, que encarecieron los insumos y, en algunos años, restringieron la oferta de fertilizantes y agroquímicos”, citan los autores otro estudio específico.
Inversión y financiamiento
En materia de inversión y financiamiento en Brasil el crédito rural es el principal canal del apoyo presupuestario al sector, con el Plan Safra como núcleo. El financiamiento agropecuario federal sumó en la campaña 2025/26 unos 516.200 millones de reales, equivalentes casi 90.000 millones de dólares “a los que se suman las líneas de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social; alrededor de un tercio de esos créditos cuenta con tasas reducidas, y en la mayor parte de ellos el Tesoro Nacional cubre la diferencia con la tasa de mercado”. Paraguay y Uruguay canalizan incentivan la inversión con beneficios tributarios de tipo general y en Argentina el aporte público al financiamiento “se limitó a líneas de crédito a tasas preferenciales de alcance acotado, como el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), vigente entre 2017 y 2024 y la inversión agrícola se financia en buena medida dentro de la propia cadena”.
De hecho, citan los autores de los USD 14.747 millones que demandó la siembra de la campaña 2025/26 de los seis principales cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol), cerca del 30% se cubrió con capital propio y el 70% con fondos de terceros, de los cuales el 55% correspondió a crédito comercial de acopios, cooperativas, proveedores de insumos y exportadores, mayormente en modo canje, y el 45% a bancos y mercado de capitales.
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Además, hay grandes diferencias de profundidad de los sistemas financieros. “El crédito al sector privado equivalía en 2025 al 18% del PBI en Argentina, frente a casi el 75% en Brasil”, dice al respecto un estudio del Banco Mundial de este año. Recién en los últimos años, agregan los autores, “se crearon regímenes de promoción de inversiones, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dirigido a proyectos de gran escala, y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las agropecuarias.
En cuanto a tecnología, investigación y rindes, el estudio de la BCRA cita un documento del USDA que mencionan aumentos del 29% el rinde de la soja en Brasil, mientras que en Argentina, Paraguay y Uruguay las mejoras se ubicaron entre el 3% y el 11 por ciento. En maíz, Brasil y Paraguay tuvieron los mayores avances, pero desde rindes muy inferiores al argentino, que con 7,2 toneladas por hectárea sigue siendo el más alto del bloque.
En materia de fertilización el uso de nutrientes pasó de 141 a 322 kilos por hectárea cultivada en Brasil, de 104 a 207 en Uruguay y de 34 a 131 en Paraguay, mientras que en Argentina aumentó de 35 a 59 kilos. El acceso a la genética, en especial en el caso de la soja y el trigo, está condicionado por el régimen de protección de las variedades vegetales de cada país y el reconocimiento de la propiedad intelectual es la principal vía para lograr financiar nuevas variedades.
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Semillas, genética y propiedad intelectual
El estudio señala que si bien los cuatro socios adhieren al Acta de 1978 de la UPOV ( sigla en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, organización intergubernamental que establece estándares de protección de los obtentores de nuevas variedades vegetales, una forma específica de propiedad intelectual aplicada a semillas, cultivares y variedades vía mejoramiento vegetal) que permite que cada país regule el uso propio de semillas, pero el alcance de del reconocimiento difiere entre países. “Según estimaciones sectoriales -dice el documento, esa protección, “alcanza alrededor del 86% en Uruguay y el 70% en Brasil, frente al 40% en Paraguay y el 30% en Argentina, y en los últimos años se lanzaron en promedio 147 variedades de soja por año en Brasil, frente a 38 en Argentina.
En cuanto a la difusión de conocimiento técnico, el documento señala que entre 2009 y 2022 el gasto en estos servicios equivalió al 2,6% del valor de producción del agro en Uruguay, al 1,6% en Paraguay, al 1,5% en Brasil y al 1,1% en Argentina.
Una última cuestión es la gestión del riesgo y la política de biocombustibles. El estudio señala que en Brasil la gestión del riesgo climático se articula con el crédito rural, vía subsidios a las primas de seguro y un programa que compensa parcialmente las deudas ante pérdidas climáticas, en Uruguay existe un fondo de emergencias con subsidios a las primas para granjeros y en la Argentina se canaliza principalmente a través de mecanismos de emergencia, activados ante declaraciones de situación de desastre o emergencia agropecuaria.
En cuanto la mezcla obligatoria de biocombustibles, para genera una demanda interna estable para los granos, Brasil exige desde agosto de 2026, en forma transitoria, un 32% de etanol en las naftas y un 15% de biodiésel en el gasoil, mientras en Argentina la Ley 27.640 y otras normas establecieron cortes mínimos del 12% para el bioetanol y del 7,5% para el biodiésel, pero el Senado ya dio media sanción a un nuevo marco regulatorio que propone elevar los porcentajes al 15% y 10%, respectivamente.
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