Más de 3,8 millones de hectáreas productivas en la cuenca del río Salado, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, se encuentran afectadas por una inundación que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), constituye el episodio más grave en muchos años. La magnitud del desastre ha dejado fuera de producción vastas extensiones de tierra y amenaza con pérdidas económicas que podrían alcanzar los USD 2.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de la entidad.
El análisis de imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre permitió a Carbap calcular que unas 2 millones de hectáreas permanecen inundadas o anegadas, mientras que la superficie total afectada asciende a casi 3,8 millones de hectáreas. Esta cifra incluye áreas donde, aunque el agua no es visible, las condiciones del suelo y la falta de accesibilidad impiden cualquier actividad agrícola. En la práctica, se trata de tierras que han quedado completamente fuera del circuito productivo.
Municipios más afectados y superficie comprometida
El impacto territorial de la inundación cuenca Salado se concentra en una serie de municipios que, en conjunto, suman más de 4,5 millones de hectáreas comprometidas. Entre los partidos más afectados se encuentran Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797), Pehuajó (109.366), 25 de Mayo (106.838), Lincoln (106.102) y Carlos Casares (105.008 hectáreas). En estos distritos, más de 1,1 millones de hectáreas permanecen bajo agua, y en muchos otros la imposibilidad de acceder a los campos o de utilizar maquinaria agrícola agrava la situación.
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La ventana de siembra para los principales cultivos de la región, soja y maíz, se cierra rápidamente. Carbap advirtió que más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas corren un riesgo muy alto de quedar improductivas este año. Si esa superficie pudiera sembrarse bajo la proporción habitual de 60% soja y 40% maíz, la entidad calcula que el circuito económico dejaría de recibir alrededor de USD 2.000 millones en 2026. “Están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”, subrayó Carbap.
Impacto económico y reclamos a los gobiernos
El efecto de esta pérdida trasciende a los productores agropecuarios. Contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y pequeñas y medianas empresas locales verán afectada su actividad, mientras que los tres niveles del Estado —municipal, provincial y nacional— sufrirán una caída en la recaudación. Carbap sintetizó la situación con una advertencia: “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”.
La cuenca del río Salado, que abarca unas 17 millones de hectáreas, produce el 25% de los granos del país y concentra el 28% del stock bovino nacional. La persistencia de la inundación desde hace nueve meses ha puesto en evidencia la falta de avances en obras hidráulicas fundamentales, como el Plan Maestro del Río Salado, cuya finalización lleva más de una década de retraso. Carbap sostiene que la ausencia de estas obras estructurales es una de las principales causas por las que millones de hectáreas permanecen comprometidas.
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En cuanto a las responsabilidades, la entidad del agro señaló que los intendentes municipales tienen a su cargo el mantenimiento de la red vial rural, financiada a través de la tasa vial, guías de traslado y una porción del impuesto inmobiliario rural. Sin embargo, la entidad denuncia que una parte significativa de estos fondos se desvía hacia otros gastos, lo que se traduce en caminos intransitables y un aumento de los costos logísticos para productores y consumidores.
La provincia de Buenos Aires es la responsable directa de ejecutar las obras del Plan Maestro del Río Salado. Según Carbap, el avance de estas obras apenas supera la mitad de lo previsto, a pesar de que deberían haberse completado hace diez años. El presupuesto provincial para 2026 prevé un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario, lo que representa más de USD 70 millones adicionales, pero solo asigna poco más de USD 4 millones al Plan Maestro, una desproporción que la entidad califica de inaceptable.
A nivel nacional, el informe recordó que el Estado recauda más de USD 1.000 millones anuales en retenciones solo en esta región, además de contar con un fondo hídrico de infraestructura alimentado por un impuesto específico sobre los combustibles. Pese a ello, el Presupuesto Nacional 2026 no contempla partidas para las obras del Salado, una omisión que la organización rural considera de alto impacto económico.
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Frente a este panorama, Carbap exige a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad y fija un objetivo concreto: que para el año 2030 las obras del Plan Maestro del Río Salado estén terminadas en su totalidad. La entidad sostiene que no se trata de una meta aspiracional, sino de una obligación moral, productiva y social, y reclama un compromiso público y verificable para cumplirla.